El exdiputado provincial salteño Luis Gerónimo Cisnero, ya imputado en una causa por contrabando agravado y asociación ilícita, sumó nuevos cargos después de que la Justicia lo acusara de intentar sobornar a un auxiliar fiscal a través de un intermediario. La maniobra quedó registrada en una grabación obtenida por el propio funcionario judicial, que asistió al encuentro con una grabadora oculta.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal reprodujo fragmentos del audio en los que el intermediario le ofrecía dinero al auxiliar fiscal para intervenir a favor de Cisnero antes de una instancia clave del expediente. “Hay plata. Mucha plata. Sí, la que vos quieras. ¿Te imaginás?”, se escucha en uno de los pasajes.

La acusación contra Cisnero

La Sede Fiscal Descentralizada Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta ampliaron la imputación contra Cisnero por los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. La audiencia se realizó ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández.

La magistrada dispuso la prisión preventiva del exlegislador por 60 días y dejó sin efecto la libertad bajo caución real de $500 millones que había recibido en diciembre pasado. Para la jueza y los fiscales, el episodio tuvo una “inusitada gravedad institucional”.

Cisnero estaba bajo proceso desde septiembre del año pasado por una presunta maniobra de contrabando de granos a gran escala. La investigación principal tiene como próxima instancia la audiencia de control de acusación prevista para el 23 de junio.

Cómo habría sido el intento de soborno

Según expuso la fiscal federal Lucía Orsetti, Cisnero conocía al auxiliar fiscal porque el funcionario había intervenido en una audiencia de su causa el 23 de diciembre. A partir de entonces, mientras permanecía en libertad, habría buscado acercarse a él por medio de contactos personales y familiares.

El primer intento no prosperó. Luego, un intermediario identificado como J.M.A. logró llegar a un amigo del auxiliar fiscal y consiguió que se coordinara un encuentro sin revelar el verdadero motivo.

La reunión ocurrió a la salida de un gimnasio en General Mosconi. J.M.A. invitó al funcionario a conversar dentro de una camioneta Toyota. El auxiliar fiscal, que ya sospechaba de la situación, llevó una grabadora escondida en el bolsillo de su campera.

En ese encuentro, según los audios presentados por el MPF, el intermediario dijo que hablaba en nombre del exdiputado y ofreció dinero para que el funcionario influyera en la causa antes del vencimiento del plazo de investigación.

La Justicia apuntó al riesgo de entorpecimiento

La fiscal Orsetti y el fiscal general Eduardo Villalba sostuvieron que el intento de soborno mostraba un riesgo concreto de interferencia en el proceso judicial. Para el Ministerio Público Fiscal, las medidas restrictivas vigentes ya no alcanzaban para asegurar el avance normal de la causa.

La jueza Hernández coincidió con ese planteo. Además de ordenar la prisión preventiva de Cisnero, extendió la misma medida por 60 días para J.M.A., imputado por cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita en calidad de miembro.

También rechazó pedidos de las defensas para limitar el análisis de los dispositivos secuestrados durante los allanamientos.

Los allanamientos y el dinero secuestrado

Antes de la audiencia, la Justicia ordenó procedimientos en cinco inmuebles vinculados a los acusados. Hubo allanamientos en Campamento Vespucio, Tartagal y el barrio privado Green House de General Mosconi.

En una vivienda vinculada a Cisnero se secuestraron vehículos, teléfonos celulares, notebooks, cámaras, pasaportes, documentación, una pistola calibre .22 con municiones y una importante suma de dinero. Los investigadores hallaron $36.917.700, USD 84.390 y 500 euros.

También fueron incautadas joyas, cadenas, anillos, pulseras, una barra de oro fino de 24 quilates y otros objetos de valor. En otro inmueble asociado a un hijo del exlegislador se encontraron USD 48.000, pesos argentinos, moneda extranjera boliviana y mexicana, soportes digitales y una notebook.

El avalúo preliminar de los bienes secuestrados asciende a $584.603.895. La investigación continuará ahora con el análisis del material incautado y con la preparación de la audiencia del 23 de junio, paso previo a una eventual elevación a juicio oral.