El consorcio estadounidense Titan Consortium avanzó en la Justicia de Estados Unidos para intentar embargar activos soberanos de la Argentina y cobrar un laudo internacional por USD 390,9 millones. El reclamo está vinculado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas, dispuesta en 2008 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La presentación apunta a ejecutar un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial. Según la información disponible, la Argentina no realizó pagos vinculados a ese laudo durante los últimos 16 meses, lo que llevó al fondo a intensificar su estrategia judicial en tribunales estadounidenses.

El foco en los Bonos Brady

El analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, señaló que uno de los puntos más relevantes del movimiento de Titan Consortium es su intención de buscar prioridad sobre los colaterales de los Bonos Brady que la Argentina mantiene depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

La maniobra aparece después del acuerdo alcanzado por el país con los fondos Attestor y Bainbridge, que también reclamaban pagos por laudos pendientes. Para Maril, Titan intentaría posicionarse sobre esos activos aun después de esa negociación.

La presión sobre bienes argentinos en el exterior vuelve a exponer los costos judiciales que arrastra el país por procesos de estatización y disputas con inversores internacionales.

El origen del litigio

La controversia comenzó en 2008, cuando el Estado argentino avanzó con la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. En ese momento, ambas compañías estaban bajo control del grupo español Marsans.

Tras perder la gestión de la aerolínea de bandera, Marsans acudió al CIADI. En 2017, el tribunal determinó que la Argentina debía pagar una compensación de USD 320 millones, más intereses, por la expropiación.

Luego, Marsans cedió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también demandó al país por la expropiación de YPF. Dos años más tarde, Burford transfirió esos derechos a Titan Consortium, que ahora busca validar y ejecutar el laudo ante la Justicia del Distrito de Columbia, jurisdicción que incluye a Washington.

La gestión de Marsans y las tasaciones

La administración de Marsans estuvo marcada por la venta de activos relevantes de Aerolíneas Argentinas, entre ellos oficinas en ciudades como Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas. También se desprendió de simuladores de vuelo y rutas internacionales hacia Europa.

Durante esa etapa, Aerolíneas y Austral acumularon pasivos cercanos a los USD 890 millones. El grupo español había comprado ambas compañías en 2001 por un valor simbólico de un dólar a un organismo estatal español. Luego, el Tesoro de España debió realizar aportes por unos USD 750 millones para sostener la operación.

Al momento de la expropiación hubo dos valuaciones muy distintas. Crédit Suisse estimó que Aerolíneas y Austral valían entre USD 250 millones y USD 450 millones. El Tribunal de Tasación de la Nación, en cambio, calculó un valor negativo superior a USD 760 millones, criterio que fue aceptado a nivel legislativo.

Aerolíneas cerró 2025 con resultado positivo

El reclamo judicial llega mientras Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa financiera distinta. La empresa cerró 2025 con un resultado operativo positivo de USD 112,7 millones, casi el doble de los USD 56,6 millones registrados en 2024.

La compañía informó una facturación superior a USD 2.200 millones y remarcó que, por primera vez desde la reestatización, no necesitó aportes del Tesoro. En 2024 había solicitado cerca de USD 60 millones para financiar programas de retiros voluntarios dentro del proceso de ajuste iniciado por la nueva gestión.

El directorio ya comunicó al Ministerio de Economía que no prevé solicitar recursos durante 2026.

Privatización bajo análisis

Entre 2008 y 2023, Aerolíneas Argentinas registró en promedio un déficit operativo anual de USD 400 millones y demandó más de USD 8.000 millones en transferencias estatales.

El último balance también mostró que la cantidad de horas voladas se mantuvo estable en 2025, con un factor de ocupación del 83% y un promedio de 300 vuelos diarios. La empresa transportó 12.781.016 pasajeros durante el año.

La deuda bancaria y financiera bajó un 41%, al pasar de USD 341,9 millones a USD 207,4 millones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

En el Gobierno evalúan incluir a la aerolínea en una eventual nómina de empresas sujetas a privatización dentro de una nueva versión de la Ley Bases. Aerolíneas no había sido incorporada en el primer proyecto por falta de consenso parlamentario.