El diputado nacional Esteban Paulón presentó en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina. La iniciativa, denominada “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”, propone que las personas con enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes puedan solicitar asistencia médica para poner fin a su vida de manera voluntaria.

El texto establece dos modalidades posibles. Por un lado, la eutanasia, que consiste en la aplicación directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud. Por otro, la muerte asistida, donde el propio paciente se administra la medicación indicada y suministrada bajo supervisión médica. El proyecto contempla que ambos procedimientos tengan cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, sin costos adicionales para el paciente.

Entre los requisitos para acceder a la práctica, el proyecto fija que la persona deberá ser mayor de 16 años, argentina o residente permanente desde hace al menos un año y atravesar una enfermedad certificada que provoque sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Además, la solicitud deberá realizarse de manera libre, consciente e informada, con dos pedidos separados por al menos 15 días y posibilidad de arrepentimiento en cualquier momento.

La propuesta también prevé controles médicos y legales antes de autorizar el procedimiento. Deberán intervenir un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en salud mental, cuidados paliativos y bioética. A eso se sumará la revisión de una Comisión de Evaluación y Garantías encargada de supervisar cada caso.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la regulación de la objeción de conciencia. El texto permite que médicos o profesionales de la salud se nieguen a participar por razones personales o religiosas, aunque aclara que las instituciones no podrán rechazar la práctica de manera institucional. Además, la iniciativa modifica el Código Penal para excluir de sanciones a quienes realicen el procedimiento dentro de los parámetros establecidos por la ley.

En los fundamentos, Paulón argumentó que el objetivo es garantizar el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida y evitar sufrimientos incompatibles con la dignidad humana. El diputado citó antecedentes de países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia, donde la eutanasia ya cuenta con regulación legal.

Actualmente, en la Argentina existe el derecho al rechazo de tratamientos médicos y el acceso a cuidados paliativos, pero la eutanasia y el suicidio asistido continúan contemplados como delitos dentro del Código Penal. En los últimos años ingresaron varios proyectos similares al Congreso, aunque ninguno logró avanzar hacia un debate definitivo en el recinto.