La muerte de Ángel López, el niño de cuatro años fallecido el 5 de abril en Comodoro Rivadavia, quedó bajo sospecha judicial tras la aparición de un informe médico que confirma la existencia de un “traumatismo previo” antes del paro cardiorrespiratorio. El dato, incorporado al expediente, refuerza la hipótesis de un posible crimen y contradice la versión inicial de la familia.

El documento del Hospital Regional detalla que el menor ingresó en estado crítico, inconsciente y sin respuesta a estímulos. Según el registro del servicio de emergencias, fue trasladado con maniobras de reanimación ya en curso y medicación de urgencia. Los paramédicos dejaron asentado que existía un antecedente de golpe previo, un elemento que ahora resulta clave para reconstruir qué ocurrió en las horas anteriores a su muerte.

La historia clínica describe además un cuadro de extrema gravedad, con “mal estado general” y palidez. Los médicos debieron intubarlo y asistirlo con ventilación mecánica, aunque no lograron revertir la situación. La autopsia preliminar ya había detectado lesiones internas en la cabeza, lo que había encendido las primeras alarmas sobre un posible contexto de violencia.

En paralelo, la versión de la madre, Mariela Altamirano, quedó bajo cuestionamiento. La mujer había declarado que el niño se descompensó mientras dormía, pero los nuevos elementos ponen en duda ese relato. A esto se suma una denuncia ampliada presentada por el padre biológico, Luis López, quien acusó a la madre y a su pareja, Maicol González, de homicidio agravado.

El escrito judicial sostiene que la muerte del niño no fue un hecho aislado, sino el resultado de una cadena de acciones y omisiones tanto del entorno familiar como de organismos estatales. Incluso incorpora testimonios que indican que la madre habría tenido conocimiento de agresiones previas, lo que podría agravar su situación procesal.

La causa dio un giro en las últimas horas con la detención de Altamirano y González, quienes quedaron a disposición del fiscal Facundo Oribones. Ambos serán indagados y están imputados como coautores de homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé prisión perpetua. Para la Justicia, existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Los investigadores manejan como principal hipótesis que el padrastro habría ejercido las agresiones, con conocimiento o participación de la madre. También se analiza la posible responsabilidad de funcionarios del sistema de protección de menores, acusados de no haber actuado pese a señales de alerta previas.

El dato del traumatismo previo aparece ahora como una pieza central en el expediente. La Justicia deberá determinar cuándo ocurrió ese golpe, en qué contexto y si fue determinante en la muerte del niño, en una causa que expone no solo un presunto caso de violencia extrema, sino también posibles fallas graves en los mecanismos de protección infantil.