El Gobierno nacional resolvió habilitar un adelanto millonario de fondos de coparticipación para un grupo de 12 provincias en medio del deterioro fiscal que atraviesan las administraciones locales. La decisión, que se oficializará mediante un decreto, aparece atada a una necesidad política más amplia de Javier Milei: recomponer puentes con los gobernadores y reactivar el Congreso para volver a instalar una agenda propia.

En Balcarce 50 entienden que el oficialismo necesita salir del ruido que en las últimas semanas golpeó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y recuperar centralidad con iniciativas legislativas. Por eso, mientras el ministro coordinador intentará mostrar movimiento desde el frente gubernamental, dentro del Gabinete dan por hecho que la ofensiva política más fuerte se jugará en el Parlamento, con proyectos capaces de volver a marcar el pulso de la discusión pública.

El Congreso como escenario para cambiar el foco

La hoja de ruta libertaria para la próxima semana incluye una sesión en Diputados el miércoles 8, con dos proyectos en carpeta: la modificación de la Ley de Glaciares y el denominado proyecto Hojarasca. En especial, la reforma sobre glaciares llega rodeada de controversia por la resistencia de sectores opositores y por la fuerte demanda de participación en la audiencia previa al debate en comisión.

Aun así, en el oficialismo confían en que podrán conseguir los votos. El argumento central es político y territorial: la iniciativa cuenta con el respaldo de provincias mineras, interesadas en abrir la puerta a explotaciones en áreas que hoy están consideradas periglaciares. Ese apoyo de los gobernadores, sumado al acompañamiento de bloques aliados, es leído por La Libertad Avanza como una base suficiente para empujar la sanción.

El adelanto de coparticipación como gesto político

En ese contexto, Javier Milei firmó un decreto que autoriza un desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelanto de fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones. La medida será publicada en el Boletín Oficial y funciona, puertas adentro, como un gesto de distensión con los mandatarios provinciales en un momento de fuerte fragilidad financiera.

El paquete alcanza a distritos alineados o en diálogo frecuente con la Casa Rosada, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también incluye a provincias enfrentadas con el Gobierno nacional, como La Rioja y Tierra del Fuego. A ese grupo se suman Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz, en una señal que combina auxilio fiscal con cálculo político.

Gobernadores en crisis y Nación sin margen de sobra

Dentro del Gobierno adjudican la ingeniería detrás de estos acuerdos al ministro del Interior, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Uno aparece ligado al trabajo político fino con los gobernadores; el otro, al equilibrio fiscal que busca sostener la administración nacional mientras habilita una ayuda acotada para las provincias.

La decisión llega después de un marzo especialmente duro para las cuentas subnacionales. Según el cuadro que describen distintas fuentes, el reparto automático de impuestos cayó 11,3% respecto de febrero y profundizó un deterioro que ya lleva ocho meses. En las provincias aseguran que la pérdida acumulada en el trimestre, comparada con el mismo período del año pasado, ronda un billón de pesos, con paritarias tensionadas y frentes fiscales cada vez más abiertos.

Una ayuda limitada para evitar un daño mayor

En ese escenario, el adelanto de coparticipación aparece como una de las pocas herramientas que todavía tiene la Nación para amortiguar la crisis. La lógica oficial no es solo financiera, sino también preventiva: se busca evitar que el ahogo de las provincias termine empujándolas hacia un mayor endeudamiento externo en condiciones mucho más costosas.

El mecanismo ya había sido utilizado con Entre Ríos en enero y establece que las provincias devuelvan los fondos antes de fin de año con una tasa de interés del 15%. Para la Casa Rosada, esa opción sigue siendo menos onerosa que la alternativa de salir a buscar crédito afuera, donde el costo financiero se mueve en niveles mucho más altos.

La política también se mueve en territorios hostiles

La urgencia fiscal empezó además a modificar comportamientos políticos. Algunos gobernadores tradicionalmente lejanos al mileísmo comenzaron a flexibilizar posiciones frente a iniciativas impulsadas por la Nación. En Tierra del Fuego, por ejemplo, la delicada situación financiera ya había empujado a la gestión de Gustavo Melella a evaluar la adhesión al RIGI para intentar atraer inversiones.

Algo similar empieza a insinuarse en La Rioja, aunque con más ambigüedad. En los últimos días, Ricardo Herrera, uno de los hombres de confianza de Ricardo Quintela, mantuvo una reunión con Martín Menem. Desde la provincia buscaron restarle dramatismo y la presentaron como un contacto casi protocolar, mientras que entre los libertarios la interpretaron como parte de una negociación por recursos.

Fondos, reformas y una ventana que el oficialismo quiere aprovechar

En la Casa Rosada creen que todavía conservan una ventana de tiempo, al menos hasta agosto, para sostener el esquema de alianzas que les permitió avanzar durante las sesiones extraordinarias. Esa cuenta regresiva explica por qué el Gobierno quiere acelerar reformas ahora, antes de que el calendario político y electoral achique los márgenes de negociación.

Por eso, el adelanto a los gobernadores no se lee solo como una ayuda financiera. También funciona como una pieza de una estrategia más amplia para volver a activar el Congreso, recuperar impronta en la agenda mediática y sostener un vínculo operativo con provincias sin las cuales al oficialismo le resultaría imposible sacar adelante sus proyectos.