El Gobierno nacional prepara un proyecto de ley más acotado que antecederá a la reforma integral del Código Penal y que buscará endurecer penas, sumar nuevas figuras delictivas y modificar criterios de intervención judicial. La iniciativa forma parte del paquete de medidas que el oficialismo pretende empezar a mover en el Congreso durante este trimestre.

La decisión implica un cambio respecto de lo que se había proyectado a comienzos de año. La reforma completa del Código Penal, que ya había sido anunciada y contaba con 920 artículos, no avanzará por ahora en el corto plazo. Ese texto había sido impulsado durante la gestión anterior del Ministerio de Justicia, cuando la cartera estaba a cargo de Mariano Cúneo Libarona y el trabajo técnico había sido desarrollado junto a una comisión encabezada por el juez Mariano Borinsky.

Una versión más corta mientras sigue la reforma de fondo

Con la llegada de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, el oficialismo resolvió reformular la estrategia. En su entorno aseguran que el funcionario quiere revisar distintos puntos del proyecto integral y darle una impronta propia, un proceso que demandará más tiempo del previsto.

Para no demorar cambios que consideran urgentes, la administración de Javier Milei avanzará primero con una propuesta más breve. En el oficialismo la describen como una primera etapa de la reforma penal, enfocada en nuevas tipificaciones y en el aumento de sanciones para delitos que ya existen.

Delitos callejeros, estafas y nuevas agravantes

Entre los puntos centrales del texto aparece la incorporación de figuras específicas para modalidades delictivas que hoy no tienen una referencia tan precisa dentro del Código Penal. Una de ellas es la conocida como «viuda negra», que quedaría encuadrada como robo agravado cuando el delincuente suministra sustancias a la víctima para concretar el ataque. La pena podría llegar hasta los 12 años de prisión.

El proyecto también prevé tipificar de manera expresa las «salideras», las «entraderas» y la modalidad delictiva del «motochorro». En los dos primeros casos, las penas irían de tres a 12 años, con agravantes cuando los hechos ocurran en el ingreso o la salida de viviendas, bancos o escribanías. Para los ataques cometidos en moto, la iniciativa contempla condenas de dos a ocho años, además de inhabilitación para conducir por hasta 16 años.

Cambios en migraciones y en el rol de las víctimas

Otro de los capítulos que incluirá la iniciativa está vinculado con delitos migratorios. El texto incorporará al Código Penal figuras ya previstas en la Ley de Migraciones, como el tráfico ilegal y el fraude migratorio, pero además sumará nuevos tipos penales para castigar el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeros. Las escalas previstas van de uno a 20 años de prisión, con agravantes en casos de violencia, engaño o abuso de necesidad.

Dentro de ese mismo apartado se endurecerán las sanciones para extranjeros deportados que vuelvan a entrar al país, para quienes integren asociaciones ilícitas destinadas al tráfico de personas y para los casos de soborno a autoridades migratorias. También se prevén castigos más severos cuando el tráfico esté vinculado con fines de trata.

Penas más duras para grooming, picadas y maltrato animal

La propuesta oficial también pone el foco en delitos que involucran a menores. Allí se prevé un endurecimiento de penas para el grooming y el abuso sexual infantil, con castigos de hasta 15 años en los casos agravados. Además, producir o distribuir representaciones sexuales de menores de 18 años podrá ser sancionado con hasta 12 años de prisión, mientras que si la víctima es menor de 13 años la escala subirá hasta los 15 años.

En paralelo, el Gobierno propone subir las penas por picadas callejeras, con un mínimo de un año y un máximo de seis, además de una duplicación del tiempo de inhabilitación para conducir. En casos de homicidio durante esas carreras, la sanción podría alcanzar los ocho años. También se plantea derogar la actual Ley de Maltrato Animal para incorporar dentro del Código Penal un título específico sobre maltrato y crueldad, con penas de seis meses a tres años y agravantes cuando haya lesiones o muerte del animal.

El criterio «pro-víctima» y otros cambios

Uno de los puntos que el Ministerio de Justicia busca resaltar es la incorporación de un criterio de interpretación «pro-víctima». Según la idea oficial, esto obligará a que la víctima tenga una participación obligatoria en decisiones relevantes del proceso penal, como la suspensión del juicio a prueba, que pasaría a requerir su consentimiento.

La iniciativa también abarcará delitos económicos, con un artículo específico para estafas piramidales y penas de entre tres y 12 años, agravadas si la víctima pierde total o parcialmente el dinero invertido. A eso se suman nuevas sanciones para la tenencia de armas en cárceles, castigos por incumplimiento de deberes familiares y penas más duras para quienes evadan obligaciones judiciales, como el pago de alimentos, incluso mediante maniobras de insolvencia fraudulenta.