La reforma de la Verificación Técnica Vehicular que el Gobierno nacional presentó hace un año como parte de su paquete de desregulación todavía no logra ponerse en marcha. Aunque el 10 de marzo el ministro Federico Sturzenegger aseguró que se había destrabado el conflicto que impedía avanzar, lo cierto es que dos semanas después no hubo novedades concretas ni sobre la reglamentación técnica ni sobre la fecha en que empezarán a aplicarse los cambios.

El punto central sigue siendo el mismo: aún pesa una medida cautelar que bloquea la implementación del nuevo esquema. Según la información que trascendió, esa traba judicial podría resolverse en los próximos días, posiblemente durante la primera semana de abril. Recién a partir de ahí empezaría a correr el plazo para activar el nuevo sistema.

Qué está frenando la reforma

El decreto 196, publicado en marzo de 2025, modificó la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y abrió la puerta a una transformación fuerte en el esquema de la VTV, también conocida como RTO. Sin embargo, la reforma quedó a mitad de camino porque nunca terminó de completarse la reglamentación que debía explicar cómo se iba a aplicar en la práctica.

Esa reglamentación todavía tiene que definir cuestiones clave. Entre ellas, las condiciones edilicias que deberán cumplir los establecimientos habilitados, el equipamiento técnico mínimo, la capacitación del personal y los requisitos para certificar revisiones. Sin esa letra fina, el sistema no puede empezar a funcionar.

Cómo sería la nueva VTV

Cuando quede firme la reforma, el nuevo esquema permitirá que la verificación no quede limitada a las plantas actuales. La idea oficial es habilitar también a talleres particulares y concesionarias oficiales para prestar el servicio. A eso se sumaría una desregulación de tarifas, con el argumento de fomentar competencia y abaratar costos para los usuarios.

El cambio también ampliaría el universo alcanzado dentro del sistema nacional. Hasta ahora, la RTO nacional estaba más asociada a vehículos de carga, pero con esta reforma se incorporaría de manera más amplia a los autos particulares. En los papeles, el objetivo es ofrecer más opciones y mayor comodidad para los conductores.

El problema que aparece después: las provincias

Aun si la cautelar se levanta y la reglamentación sale, el Gobierno deberá superar una segunda barrera: conseguir que las provincias adhieran al nuevo esquema. Y ahí aparece una dificultad política y práctica que puede volver mucho más lenta la implementación real.

Si las jurisdicciones no se suman, el nuevo sistema quedará recortado y los usuarios de esas provincias seguirán atados al modelo actual. Eso significa que no podrían acceder ni a una eventual baja de precios ni a la posibilidad de hacer la revisión en una concesionaria o en un taller cercano, como prometía la reforma.

Buenos Aires ya avisó que no se sumará

La provincia de Buenos Aires fue la primera en comunicar oficialmente que no adherirá al nuevo sistema. Ese dato es relevante porque se trata del distrito con mayor peso en cantidad de vehículos y porque su decisión puede influir sobre otras jurisdicciones.

Si ese rechazo se replica, el proyecto puede quedar reducido a un conjunto de cambios nacionales con alcance parcial. En ese escenario, la promesa de una VTV más simple, más barata y más cercana perdería fuerza, ya que el beneficio no llegaría de manera uniforme a todos los conductores del país.

La deuda pendiente con autos híbridos y eléctricos

La reforma también tiene otro capítulo pendiente: la creación de un protocolo específico para vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Como se trata de autos con una configuración distinta a la de los modelos tradicionales, la revisión técnica necesita parámetros adaptados a ese tipo de mecánica.

En esos vehículos hay componentes que requieren controles diferentes, desde el peso adicional que soportan suspensión y dirección hasta el sistema eléctrico completo, la batería, la refrigeración y la toma de carga. Esa parte todavía no fue resuelta y también depende de la reglamentación que sigue demorada.

El plan para dejar atrás las obleas

Otro de los cambios que estaban contemplados dentro de la reforma era una digitalización del sistema. La idea original era avanzar hacia una base de datos única que permitiera verificar por patente si un vehículo tiene la revisión al día, en lugar de depender del esquema actual de obleas.

Ese proyecto también quedó postergado por la cautelar. Ahora resta saber si durante este año de demora el Gobierno pudo avanzar en su desarrollo técnico o si todo quedó atado a la puesta en marcha formal del nuevo sistema. En cualquier caso, sin adhesión provincial amplia, esa base también tendría un alcance muy limitado.

Una reforma anunciada, pero todavía sin fecha

Por ahora, la nueva VTV sigue en el terreno de los anuncios. El Gobierno insiste en que la reforma está encaminada, pero todavía no hay reglamentación publicada, no se levantó la cautelar y varias provincias ni siquiera dieron señales de acompañamiento.

Así, un cambio que fue presentado como parte central de la desregulación del Estado sigue sin fecha cierta de arranque. Y mientras no se destraben esos pasos, la promesa de una verificación más flexible, más competitiva y más moderna seguirá siendo apenas eso: una promesa.