Un grupo de abogados de Rosario presentó una denuncia penal contra tres psicólogas a las que acusan de haber elaborado informes falsos sobre supuestos abusos infantiles para sostener causas judiciales y profundizar la desvinculación de niños con sus padres. La presentación apunta a un patrón repetido en distintos expedientes, con observaciones similares e incluso frases idénticas entre informes correspondientes a pacientes diferentes. La causa quedó en manos de la fiscal Guillermina Aiello.

La denuncia fue impulsada por los abogados Viviana Cosentino, Juan Lewis, Carina Lurati, Froilán Ravena, Ramiro Coso, José Nanni, Estela Marelli y Adriana Torchio. En el escrito, los letrados sostienen que las profesionales, identificadas como P.B.A., G.R.S. y N.V.A., habrían intervenido en procesos por abuso sexual infantil con informes carentes de rigor técnico, elaborados a partir de una única hipótesis acusatoria y sin contemplar otras posibles causas de los síntomas que presentaban los menores.

Qué sostiene la denuncia

Los denunciantes pidieron que se investigue si las tres psicólogas actuaron en el marco de una posible asociación ilícita destinada a emitir informes falsos en casos donde uno de los progenitores había denunciado abuso. Según plantearon, el objetivo de esas intervenciones habría sido reforzar acusaciones no comprobadas y bloquear el vínculo entre los hijos y el otro padre. La imputación señalada en la presentación es por falso testimonio agravado.

Uno de los ejes más fuertes del escrito pasa por las similitudes detectadas entre documentos de distintos casos. Los abogados afirman que hallaron descripciones repetidas, fórmulas iguales y observaciones prácticamente calcadas entre informes referidos a niños distintos. A su entender, esas coincidencias permiten sospechar el uso de “formularios prearmados” más que evaluaciones clínicas individualizadas y serias.

Las irregularidades que marcan los abogados

Los representantes de los padres denunciados aseguran que en varios expedientes encontraron un mismo esquema de actuación, tanto en sede penal como en el fuero de Familia. Según describieron, los tratamientos comenzaban una vez presentada una denuncia por abuso y partían exclusivamente de esa hipótesis, sin explorar otras explicaciones posibles para conductas como irritabilidad, pesadillas, temores o retraimiento. A la vez, remarcaron que no se consultaba a docentes, pediatras ni otros actores del entorno del menor.

También cuestionaron la metodología utilizada durante la llamada “hora del juego”, una técnica que, según indicaron, no quedaba registrada en audio ni video. Para los abogados, esa falta de soporte impide verificar qué dijeron realmente los chicos. Y de qué manera se obtuvo la supuesta información utilizada luego para respaldar las acusaciones. En esa línea, sostuvieron que muchos de los informes se construían en base al relato de las madres. Y sin que antes se entrevistara al otro progenitor ni se le pidiera consentimiento para el tratamiento.

Qué pasa con las causas y con el vínculo familiar

La presentación menciona además que varios de los padres señalados en esas denuncias terminaron beneficiados con resoluciones judiciales favorables en el fuero penal. Sin embargo, los abogados subrayan que, aun en esos casos, la desvinculación con sus hijos continuó por actuaciones paralelas en los juzgados de Familia. Allí radica, según su planteo, uno de los daños más profundos: la ruptura del vínculo se mantiene incluso cuando las acusaciones penales no prosperan.

Uno de los casos citados es el de un hombre que, tras ser absuelto, sigue sin contacto con su hija desde hace siete años. En otros expedientes relatados por la denuncia, las causas fueron archivadas, reabiertas y luego nuevamente desestimadas o cerradas. Y en algunos casos después de críticas judiciales a las actuaciones. Esa secuencia es presentada por los abogados como parte de un circuito que produjo consecuencias personales y familiares graves más allá del desenlace penal.

Los expedientes mencionados en la denuncia

Entre los casos enumerados figura el de Pablo B., denunciado en 2018, cuya causa fue archivada, reabierta a partir de un informe psicológico y finalmente llevada a juicio, donde resultó absuelto. También se menciona a Mario L., denunciado en 2022, con una causa primero desestimada, luego reabierta y finalmente cerrada tras un sobreseimiento confirmado en dos instancias. Otros nombres incluidos son Javier J., Gerardo V., Román V., Sebastián L. P. y Mariano D., todos con recorridos judiciales atravesados por archivos, reaperturas o revisiones.

El denominador común, según el escrito, es que en todos los expedientes aparecieron informes psicológicos con rasgos similares. Y con conclusiones que los abogados consideran infundadas. A eso suman otro dato que presentan como clave. En Cámara Gesell, los niños no habrían mencionado conductas de sus padres que implicaran un menoscabo a su integridad sexual. Para los denunciantes, esa diferencia entre lo asentado en los informes y lo declarado en sede judicial exige una investigación a fondo.

La investigación recién comienza

La causa quedó radicada en la fiscal Guillermina Aiello, que ya comenzó a relevar la información aportada por los denunciantes, según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación. Por ahora, el expediente se encuentra en una etapa inicial y deberá determinar si existen elementos para avanzar sobre la conducta de las profesionales denunciadas. El caso, de todos modos, ya puso bajo la lupa un tema extremadamente sensible. El peso que pueden tener determinados informes técnicos en causas por abuso infantil y en decisiones que afectan de manera directa el vínculo entre padres e hijos.

La denuncia no solo abre una discusión judicial, sino también una polémica sobre los controles. También los criterios periciales y las garantías en procesos de enorme impacto humano. Si la investigación encuentra sustento en lo planteado por los abogados, el caso podría escalar por sus derivaciones penales. Y por el efecto que tendría sobre expedientes donde esos informes fueron utilizados como respaldo central.