La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el rechazo al ofrecimiento económico que había presentado uno de los imputados en la causa por el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo del Polo Obrero. Se trata del empresario Leandro Kebleris, que había intentado pagar casi 88 millones de pesos para cerrar su situación procesal y evitar el juicio oral. Con esta decisión, la Justicia ratificó que seguirá siendo investigado dentro de un expediente que ya tiene enviado a juicio a Eduardo Belliboni y a otros acusados.

El fallo respaldó el criterio que ya había fijado el juez Sebastián Casanello, quien consideró inadmisible resolver este tramo del caso mediante una reparación económica individual. Para el magistrado, y ahora también para la Cámara, aceptar ese planteo implicaría reducir el daño investigado a una cuestión exclusivamente patrimonial, cuando en realidad se analiza un presunto fraude contra la administración pública con impacto sobre bienes colectivos. Esa fue la base central del nuevo revés judicial para el imputado.

Qué quiso hacer el empresario imputado

Kebleris había ofrecido pagar 87.963.534 pesos al Ministerio de Capital Humano como supuesta reparación integral del daño. Su objetivo era lograr la extinción de la acción penal en su contra y quedar fuera de la investigación sin atravesar el debate oral. La propuesta fue presentada en el marco de la causa en la que está procesado como presunto partícipe necesario de maniobras de desvío de fondos públicos.

Según la acusación, su rol estuvo ligado a la emisión de dos facturas que habrían sido falsas y que sirvieron para justificar gastos inexistentes con recursos estatales. Desde esa perspectiva, el empresario no aparece como un actor ajeno o periférico, sino como una pieza necesaria dentro de una operatoria más amplia. Por eso, el tribunal entendió que su situación no podía resolverse con un pago aislado.

Por qué la Cámara rechazó el ofrecimiento

Los jueces sostuvieron que el dinero presuntamente desviado estaba destinado a programas sociales, por lo que el perjuicio no alcanza solamente al área estatal que administraba esos fondos. También compromete a los contribuyentes y a los beneficiarios del programa, que eran los verdaderos destinatarios de esos recursos. Bajo esa lógica, concluyeron que el daño investigado no puede considerarse reparado simplemente con la entrega de una suma de dinero.

A ese argumento se sumó otro punto relevante: tanto el Ministerio Público Fiscal como los organismos querellantes se opusieron al acuerdo. La Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera advirtieron que aceptar la propuesta podía debilitar la consistencia de la acusación. Además, remarcaron que el expediente principal ya fue elevado a juicio respecto de otros 16 imputados. Por lo que una salida individual podía fragmentar el análisis de un esquema que la propia Justicia considera conjunto.

El rol que le atribuyen a Kebleris en la maniobra

Kebleris aparece imputado junto a Anahí Rivero por haber puesto a disposición del Polo Obrero y de la Cooperativa de Trabajo El Resplandor la firma Coxtex S.A. De acuerdo con la investigación judicial, esa sociedad no tenía actividad real, ni estructura operativa, ni capacidad económica genuina. Para los investigadores, funcionó como una usina de facturación apócrifa destinada a simular gastos vinculados al programa Potenciar Trabajo.

En octubre de 2021, esa firma emitió dos facturas por más de cinco millones de pesos al entonces Ministerio de Desarrollo Social. Los comprobantes consignaban supuestas compras de materiales e insumos que, según los peritajes judiciales, nunca existieron. La hipótesis del expediente es que ese mecanismo permitió desviar fondos públicos que debían financiar proyectos socio-productivos hacia actividades de militancia, campañas electorales y gastos corrientes de la organización.

Una causa que ya avanza hacia el juicio oral

La Fiscalía sostiene que no se trató de una maniobra aislada ni de un hecho individual. Por el contrario, considera que existió una estructura con múltiples actores y distintas etapas de ejecución. Por lo que no corresponde evaluar el daño de manera fragmentada ni limitarlo a un solo imputado. Esa mirada también fue tomada por la Cámara al momento de confirmar el rechazo del acuerdo económico.

Con esta resolución, el expediente seguirá avanzando hacia la instancia de juicio oral en lo que respecta a Kebleris. Ese tramo se inscribe dentro de una investigación mucho más amplia, en la que ya fueron enviados a juicio Eduardo Belliboni y otros 15 imputados. Todos están acusados de haber participado en un esquema de fraude y extorsión. Específicamente vinculado al manejo de recursos del programa Potenciar Trabajo destinados a unos 85.000 beneficiarios.

Qué investiga la causa madre

Según la acusación, entre junio de 2020 y diciembre de 2022 el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios con el Estado por más de 361 millones de pesos para administrar el programa. La Justicia sostiene que una porción sustancial de esos fondos fue desviada mediante facturas apócrifas. También simulación de operaciones, omisión de rendiciones obligatorias y circulación de cheques destinada a dificultar el rastreo del dinero. Parte de esos desembolsos, además, ni siquiera habría sido rendida.

El expediente también describe un circuito más amplio de empresas pantalla supuestamente utilizadas para encubrir la maniobra. Además de Coxtex S.A., aparecen mencionadas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Urban Graphics, Ricoprint, Monfrini y Miniso Trade. Para Casanello, sin ese entramado societario no habría sido posible ocultar el verdadero destino de los fondos ni sostener durante años un esquema de rendiciones adulteradas.

Belliboni y el resto de los imputados

La causa central ya fue elevada a juicio oral respecto de Belliboni y de otros acusados, luego de que la Cámara Federal porteña confirmara los procesamientos y agravara el encuadre penal del caso. Los jueces entendieron que los hechos investigados configuran administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Esa decisión elevó la expectativa de pena y reforzó la gravedad institucional del expediente.

Según esa resolución, los dirigentes de la organización habrían utilizado su posición dominante para exigir aportes económicos. Además de la asistencia a movilizaciones a beneficiarios del programa, bajo amenaza de perder el plan social. Los camaristas remarcaron que no se investiga la protesta social en sí, sino la posible utilización de una política pública para financiar actividades partidarias. Y así sostener un esquema en perjuicio del Estado y de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Una decisión que consolida la línea del juzgado

El rechazo confirmado por la Cámara fortalece la estrategia judicial de no habilitar salidas parciales en un expediente que investiga un presunto fraude complejo y de alcance colectivo. La decisión también refuerza la idea de que el daño analizado excede por completo una cuenta económica entre partes. Para la Justicia, lo que está en discusión es el destino de recursos públicos destinados a sectores vulnerables. Así como un eventual uso de estructuras ficticias para desviar ese dinero.

Con este nuevo fallo, Kebleris quedó más cerca del juicio oral y perdió una vía para intentar cerrar su situación procesal sin debate público. Al mismo tiempo, la causa vuelve a mostrar que el expediente principal sigue avanzando sobre la cúpula del Polo Obrero. También las cooperativas involucradas y el entramado de firmas señaladas como pantalla. La discusión judicial, así, se encamina a una etapa en la que deberán definirse responsabilidades penales sobre uno de los casos más sensibles vinculados al manejo de planes sociales.