Un abogado con la matrícula suspendida amenazó de muerte a una jueza laboral y aseguró que prendería fuego el juzgado donde ella trabaja. Los mensajes fueron difundidos durante la madrugada a través de los estados de WhatsApp del propio letrado y desencadenaron una rápida reacción judicial.

La magistrada amenazada es Silvia Garzini, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N°14. Tras conocer los mensajes intimidatorios, la Cámara del Trabajo dispuso medidas de seguridad inmediatas. Entre ellas, se ordenó asignar custodia permanente de Gendarmería Nacional en el edificio judicial.

Mensajes intimidatorios en redes

El autor de las amenazas fue identificado como Pablo Ibalo, un abogado que actualmente tiene la matrícula suspendida por decisión del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. La sanción rige desde el 6 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

Según fuentes judiciales, Ibalo utilizó los estados de WhatsApp de su teléfono para publicar mensajes dirigidos directamente a la jueza. En ellos incluyó frases insultantes y advertencias explícitas contra su integridad física.

Amenazas directas contra la magistrada

Entre los mensajes difundidos se mencionaban expresiones intimidatorias vinculadas al juzgado laboral. En uno de ellos el abogado insinuó que podría incendiar el edificio judicial, mientras que en otro advirtió que la próxima vez que la jueza lo mirara “sería el fin”.

Las amenazas generaron alarma en el ámbito judicial, especialmente por el nivel de violencia verbal y la explicitación de posibles ataques contra el tribunal. Garzini, que lleva 18 años al frente del juzgado, informó inmediatamente lo sucedido a la Cámara Nacional del Trabajo.

Intervención judicial y medidas de seguridad

Tras recibir la denuncia, la Cámara del Trabajo tomó conocimiento del caso y activó un protocolo de protección para la magistrada. La medida más inmediata fue disponer custodia permanente de Gendarmería Nacional en el juzgado.

El objetivo es garantizar la seguridad de la jueza y del personal que trabaja en el tribunal. Al mismo tiempo, se iniciaron actuaciones para investigar el origen de los mensajes y determinar si corresponde avanzar con cargos penales contra el abogado.

Repudio de organizaciones judiciales

El episodio también provocó reacciones dentro del ámbito jurídico. La Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la magistrada y condenó las amenazas.

En el texto, la organización sostuvo que el abogado no solo insultó a la jueza con expresiones agraviantes, sino que además formuló amenazas de muerte. Por ese motivo, reclamó al Colegio Público de la Abogacía que aplique la máxima sanción disciplinaria posible y promueva acciones judiciales.

Un clima de tensión en la justicia laboral

El caso ocurre en un contexto de tensión dentro de la justicia laboral. En las últimas semanas también aparecieron afiches dirigidos contra la camarista Diana Cañal, lo que encendió nuevas alertas sobre el clima que rodea a los tribunales del fuero.

Además, el sector atraviesa un conflicto gremial por el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, trabajadores judiciales mantienen medidas de protesta que incluyen paros y movilizaciones.

Mientras avanza la investigación, la jueza Garzini continúa trabajando bajo custodia. El episodio abrió un nuevo debate sobre la seguridad de los magistrados y el nivel de agresividad que ha comenzado a escalar en conflictos judiciales.