El gobierno de Neuquén resolvió apartar a una empleada del Ministerio de Salud luego de comprobar que utilizó certificados médicos falsos para justificar reiteradas ausencias laborales. La medida fue tomada tras un sumario administrativo que detectó la presentación de documentos apócrifos en el sistema digital oficial utilizado para cargar licencias médicas. Según la investigación, las faltas se extendieron durante distintos períodos entre 2022 y 2023.

La ex agente, identificada como Carina Liliana Campos, trabajaba en la Dirección Provincial de Recursos Físicos y Biomédicos. De acuerdo con el expediente administrativo, cargó al menos seis certificados médicos falsificados en la plataforma “Mis Licencias”, que utiliza la administración provincial para gestionar las ausencias por razones de salud. La irregularidad fue detectada cuando se verificó la autenticidad de los documentos presentados.

Cómo se detectaron los certificados médicos falsos

La investigación reveló que los certificados habían sido emitidos supuestamente por dos médicos que, al ser consultados, negaron haberlos firmado. Ambos profesionales declararon como testigos en el expediente y aseguraron no conocer a la trabajadora. Uno de ellos incluso explicó que había denunciado la pérdida de su sello profesional en 2021.

Los auditores también analizaron las firmas y sellos incluidos en los certificados. El peritaje determinó que no coincidían con los registros oficiales de los profesionales mencionados. Estas inconsistencias llevaron a concluir que los documentos presentados por la empleada eran falsos.

El descargo de la empleada investigada

Durante el sumario administrativo, la agente tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a defensa. En su declaración sostuvo que atravesaba un tratamiento psicológico y que sus ausencias se debían a problemas de salud mental. Según explicó, durante ese período padeció episodios de estrés, angustia e inestabilidad emocional.

La ex empleada afirmó que había solicitado los certificados médicos por WhatsApp a una clínica. Según su relato, desde allí la derivaban con los profesionales y luego le enviaban los documentos correspondientes. También indicó que no recordaba el número de contacto y que no pudo recuperar la conversación porque perdió su teléfono celular.

Las ausencias y el impacto en el servicio público

El expediente administrativo determinó que las ausencias fueron reiteradas y se distribuyeron en diferentes meses de 2022 y 2023. Durante ese período, la dependencia sanitaria tuvo que reorganizar sus tareas para cubrir las funciones que la agente no realizaba. Según la resolución oficial, esa situación generó una sobrecarga de trabajo entre los demás empleados.

Las autoridades provinciales remarcaron que el abandono de funciones afecta directamente al funcionamiento del servicio público. En particular, señalaron que obliga a redistribuir tareas entre los trabajadores que sí cumplen con sus obligaciones laborales. Además, advirtieron que estas situaciones terminan impactando en la calidad de los servicios que se prestan a la comunidad.

Por qué se aplicó la sanción más severa

Tras evaluar las pruebas documentales y testimoniales reunidas en el expediente, el gobierno provincial decidió aplicar la sanción de exoneración. Esta medida es más grave que la cesantía, ya que implica la expulsión definitiva del cargo e impide que la persona vuelva a ocupar un puesto en la administración pública provincial.

La resolución fue firmada el 14 de enero y entró en vigencia el 6 de marzo, ya bajo la gestión del gobernador Rolando Figueroa. Las autoridades consideraron que la gravedad de la conducta ameritaba la máxima sanción disciplinaria prevista en el régimen de empleo público.

Posible recupero de salarios pagados

El expediente también abrió una revisión para determinar si la ex empleada percibió salarios durante los períodos en los que no cumplió funciones. En caso de comprobarse que recibió haberes durante esas ausencias, la administración provincial avanzará con un proceso para recuperar los montos abonados.

Si el recupero administrativo no fuera posible, el caso podría derivarse a la Fiscalía de Estado. En ese escenario, la provincia evaluaría iniciar acciones judiciales por presunto enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública.

Un caso que impulsa controles más estrictos

Desde el gobierno neuquino señalaron que el caso evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control en el sistema de licencias médicas. Las autoridades remarcaron que la presentación reiterada de documentos falsos quedó acreditada a través de pruebas documentales y testimoniales.

La resolución también subraya que estas irregularidades afectan indirectamente a la comunidad que financia el sistema público. Por ese motivo, la administración provincial adelantó que continuará revisando procedimientos internos para prevenir situaciones similares en el futuro.