El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, sostuvo que “la nueva criminalidad exige un Código Penal actualizado en la Argentina” y advirtió que el marco normativo vigente fue redactado en un contexto histórico muy distinto al actual. En una entrevista, remarcó que el país funciona con un Código Penal con más de un siglo de vigencia y con una ley penal juvenil sancionada en 1980, durante la última dictadura, por lo que consideró necesario debatir en democracia un “nuevo contrato social” que delimite con claridad qué está permitido, qué está prohibido y cuáles son las consecuencias jurídicas.

Según el magistrado, la urgencia de una reforma no se explica solo por la antigüedad del Código, sino por la aparición y consolidación de modalidades delictivas que —planteó— no estaban contempladas cuando se sancionó la norma original. En ese listado incluyó fenómenos como narcotráfico, sicariato, cibercrimen, pornovenganza, estafas piramidales y delitos asociados a nuevas dinámicas urbanas y tecnológicas.

Imputabilidad: menos foco en la edad y más en el “día después”

Borinsky también se refirió al debate sobre la edad de imputabilidad de menores. A su criterio, la discusión pública suele quedar atrapada en “la marca” del número, cuando lo central debería ser cómo el Estado aborda la educación, la reinserción y el seguimiento de los jóvenes que cometieron delitos. En esa línea, relató una conversación con el papa Francisco, quien —según contó— le planteó que con los chicos lo primero es pensar “en el día después”.

El juez sostuvo que el esquema actual fija la imputabilidad a partir de los 16 años y señaló que, en comparación regional, ese parámetro quedó desfasado. Sin embargo, insistió en que cualquier cambio debería enmarcarse en una política integral que combine sanciones con herramientas de acompañamiento social, psicológico y deportivo, y que se discuta con legitimidad democrática en el Congreso.

Delitos nuevos y respuesta legal: el argumento del “desfasaje”

Para Borinsky, el problema de fondo es que la sociedad vive escenarios delictivos que no existían —o no tenían la forma actual— hace décadas. Por eso planteó que, si cambió la realidad, también deben actualizarse las categorías legales y las penas, para que la justicia cuente con herramientas acordes y el sistema tenga previsibilidad.

En ese punto, describió que un nuevo Código Penal debería contemplar con mayor claridad fenómenos delictivos contemporáneos, desde el delito informático hasta nuevas formas de criminalidad organizada, además de conductas que se expandieron con la digitalización y con el aumento de esquemas financieros irregulares.

Su rol en causas de alto impacto y el alcance de Casación

En otro tramo, Borinsky habló sobre su intervención en el expediente que involucró a la expresidenta Cristina Kirchner. Explicó que el rol de Casación no es “hacer el juicio”, sino revisar si una sentencia está correctamente dictada a partir de los planteos e impugnaciones de las partes. Agregó que ese fallo, según indicó, también fue convalidado por la Corte Suprema, lo que —sostuvo— otorga “tranquilidad” sobre el circuito de revisión.

Qué cambios mencionó para un nuevo Código Penal

Al enumerar ejes posibles de reforma, Borinsky mencionó la incorporación o actualización de figuras vinculadas a delitos económicos, fiscales, aduaneros y cambiarios, además de capítulos sobre delitos informáticos, terrorismo (incluido financiamiento) y otros ítems ligados a dinámicas sociales y laborales. También señaló que el texto debería incluir herramientas como la responsabilidad empresarial y tipificaciones vinculadas a crímenes graves, con criterios de imprescriptibilidad en determinados casos.