La exfuncionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete apeló el procesamiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello y afirmó que los casi USD 700.000 secuestrados en su domicilio no le pertenecen. En su presentación, sostuvo que el dinero ya estaba en el departamento cuando se mudó y que, en gran parte, era de su padre, Miguel Ángel Calvete. La situación se inscribe en un nuevo capítulo de la Causa ANDIS.

El hallazgo ocurrió durante un allanamiento en un departamento ubicado en México 55, en el marco de la investigación por presuntos direccionamientos y retornos en compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el operativo se secuestraron USD 695.457, $19.996.200 y 1.960 euros, según consta en el expediente.

Qué argumentó Calvete en la apelación

En su escrito, la ex funcionaria aseguró que desconoce el origen exacto del efectivo y que nunca dispuso de esos fondos para uso personal. La apelación fue presentada por su abogado, Fernando Manzanares, y busca revertir el procesamiento dictado en la causa.

Calvete detalló una presunta distribución del dinero: señaló que USD 600.000 fueron reclamados por una accionista de INDECOMM SRL, sociedad constituida por su padre. Además, indicó que otra parte del efectivo correspondería a su pareja, Javier Cardini, quien también fue desplazado de su cargo tras la difusión del caso. Por último, admitió que una porción sí era propia, pero como donación de su progenitor mediante escritura pública.

El contexto de la causa y los procesamientos

La investigación se disparó tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS, en los que se mencionaría un esquema de coimas. Aunque la validez de esas grabaciones es discutida, el juzgado y la fiscalía sostienen que hay pruebas independientes que sostienen la imputación.

A principios de mes se avanzó con una tanda de 19 procesamientos, entre ellos Spagnuolo, el médico Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y su hija. La defensa de Ornella Calvete insiste en que su situación quedó indebidamente asociada a la causa a partir del hallazgo del dinero en su domicilio.

Cómo explicó el origen y permanencia del efectivo en el departamento

En su relato, Calvete dijo que en marzo de 2025 dejó de viajar todos los días desde Escobar hacia su oficina en Economía y consultó a su padre por una propiedad disponible en la Ciudad de Buenos Aires. Primero se mudó a un monoambiente en el edificio Ala Río y luego a un departamento de tres ambientes, en la misma torre, para convivir con su pareja.

Según el descargo, antes de la mudanza su padre le habría advertido que había dejado dinero bajo llave en una cajonera junto a otros objetos personales. Calvete sostuvo que le respondió que no pensaba tocar nada de lo que estaba allí. Y que el efectivo permaneció en ese lugar hasta el allanamiento.

Chats aportados por la defensa y respuesta a los mensajes incriminantes

Para respaldar su postura, la defensa incluyó mensajes de noviembre vinculados a una “falsa alarma” por un posible allanamiento. En esa conversación, Calvete consultó a su padre si su empresa tenía “cash blanco” ante la presencia de policías en el edificio. Según la apelación, pese al temor, no movió los billetes, que quedaron en el mismo sitio hasta el procedimiento realizado en octubre de 2025.

Sobre su presunta incidencia en el sector, la ex directora nacional negó vínculos con la firma Ruth Noemí Lozano. En relación a mensajes donde habría dicho “de Profarma no nos van a cagar porque es mi viejo”. La defensa planteó que ella no es empleada ni accionista de esa sociedad y que esas frases no prueban intervención en contrataciones.

Qué sostiene la acusación y qué viene ahora

La acusación fiscal sostiene que Calvete habría usado su cargo para beneficiar intereses privados, mediante información privilegiada y contrataciones de personas cercanas a su padre. La imputada rechazó esos cargos y explicó que las contrataciones señaladas se habrían realizado vía el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP). Un organismo donde afirmó no tener incidencia técnica ni política.

La Cámara Federal deberá resolver si confirma o revoca el procesamiento. En paralelo, el expediente mantiene bajo análisis el circuito del dinero secuestrado y el rol de cada imputado dentro del presunto esquema investigado en ANDIS.