El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La medida alcanza desde el propio mandatario provincial hasta jueces, legisladores, concejales y personas que aspiren a ingresar a la administración pública.

El decreto deberá ahora ser remitido a la Legislatura provincial para su tratamiento, aunque ya se encuentra vigente. La decisión se tomó luego de que fracasara un proyecto de ley con un alcance similar, impulsado en el recinto por el diputado provincial Juan Esteban Romero, que solo incluía a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Con este DNU, el Ejecutivo amplió el alcance de los controles al Poder Judicial, los organismos de control, los municipios y toda la estructura estatal, con el objetivo declarado de reforzar los mecanismos de transparencia y control institucional.

Una medida obligatoria y de alcance total

Durante el acto de firma, Sáenz subrayó que el narcotest no será una sugerencia ni una adhesión voluntaria. “He tomado la decisión de hacerlo de esta manera para que esto no sea una invitación, sino una obligatoriedad para todos. Desde el gobernador hasta abajo, todos aquellos que tengan una responsabilidad en la función pública deben reunir estos requisitos”, afirmó.

El mandatario sostuvo que se trata de una respuesta directa a una demanda social creciente. “La sociedad demanda mecanismos de control que aseguren que quienes ejercen cargos públicos lo hagan libres de adicciones que puedan comprometer la objetividad e independencia”, expresó, y definió la iniciativa como una herramienta preventiva para fortalecer la legitimidad de las instituciones.

En la misma línea, la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, destacó que el DNU permite “dar un paso muy importante” en materia de transparencia y remarcó que el ejercicio de la función pública exige idoneidad y ética, condiciones que —según sostuvo— no pueden verse afectadas por consumos problemáticos.

Cómo serán los controles toxicológicos

El decreto establece un régimen de control obligatorio que abarca a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo cargos electivos, magistrados y personal que pretenda incorporarse al Estado. Entre los funcionarios alcanzados figuran el gobernador y el vicegobernador, ministros, jueces de la Corte de Justicia, integrantes del Ministerio Público, legisladores provinciales, intendentes, concejales y empleados de los distintos organismos.

Los exámenes buscarán detectar metabolitos de sustancias como opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras drogas prohibidas. Los controles serán sorpresivos y se realizarán mediante test rápidos homologados.

En caso de un resultado positivo, el procedimiento prevé una instancia confirmatoria de mayor rigor científico, a cargo de laboratorios habilitados que serán designados por sorteo. El sistema contempla la cadena de custodia, el derecho de defensa y la posibilidad de solicitar una contraprueba.

Consecuencias ante un resultado positivo

El DNU fija consecuencias diferenciadas según el tipo de cargo. Para funcionarios electivos o magistrados con estabilidad, un resultado positivo habilitará los mecanismos constitucionales de remoción, como el juicio político o el jurado de enjuiciamiento.

En el caso de funcionarios designados sin estabilidad, el resultado positivo será causal directa de remoción del cargo. Desde el Ejecutivo remarcaron que el objetivo no es punitivo, sino preventivo, aunque dejaron en claro que el incumplimiento tendrá efectos concretos.

Antecedentes en otras provincias

Salta no es la primera provincia en avanzar con este tipo de controles. San Luis implementó el narcotest obligatorio en febrero de 2025, mediante una ley que alcanza a unas 1.500 personas de los tres poderes del Estado. La iniciativa fue impulsada por la diputada Marisa Patafio, del espacio del gobernador Claudio Poggi.

Cinco meses más tarde se sumó Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro fue el primero en someterse al análisis. En ese caso, la medida se aplica principalmente a policías y funcionarios del área de Seguridad.

Córdoba también avanzó en esta línea. En 2023, el Concejo Deliberante aprobó una normativa que exige un certificado negativo de consumo de drogas ilegales para funcionarios electos o designados. Luego, en abril de 2024, la provincia sancionó la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, que amplió el requisito a ministros, secretarios, asesores y funcionarios jerárquicos.