La fiscal platense Betina Lacki solicitó la prisión preventiva de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados del Senado bonaerense y dirigentes kirchneristas, acusados de múltiples abusos sexuales contra mujeres vinculadas a la militancia política. El pedido ingresó a fines de enero al Juzgado de Garantías a cargo de Juan Pablo Masi, tras una serie de declaraciones testimoniales e indagatorias que, según la acusación, permitieron consolidar un cuadro probatorio suficiente para sostener la imputación.

La medida fue requerida luego de una semana de testimonios de docentes, estudiantes, amigas y compañeras de militancia de las víctimas, además de una funcionaria del Municipio de La Plata y la expareja de una de las denunciantes. Para la fiscalía, el avance de la investigación y la necesidad de resguardar a las víctimas justifican el pedido de detención preventiva.

Ahora será el juez Masi quien convoque a una audiencia presencial, prevista para este viernes en La Plata, en la que escuchará a los acusados y a la querella antes de definir si mantiene a Rodríguez y Silva Muñoz privados de su libertad.

Las imputaciones y el avance de la causa

De acuerdo con la acusación fiscal, ambos están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegal de la libertad. Y violación de domicilio, con al menos nueve hechos documentados. Los delitos habrían provocado un grave daño en la salud mental de las víctimas, según consta en el expediente.

Las denuncias fueron presentadas por cuatro mujeres: dos en una causa iniciada en 2019 y otras dos en una nueva denuncia radicada en 2025. Ambas investigaciones quedaron bajo la instrucción de la UFI N° 2 de La Plata.

Rodríguez y Silva Muñoz eran referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, una agrupación kirchnerista que logró posicionar a ella como precandidata a concejal en 2021, dentro del Frente de Todos. Ambos, además, se desempeñaban como empleados del Senado bonaerense.

El presunto modus operandi

Según las denuncias incorporadas al expediente, los acusados habrían utilizado una metodología sistemática para captar a las víctimas. En la mayoría de los casos se trataba de jóvenes, adolescentes o recién mayores de edad, a quienes se acercaban mediante promesas de oportunidades educativas. También laborales o de crecimiento dentro de la militancia política.

Una vez ganada su confianza, las introducían en un entramado de carácter místico vinculado a una supuesta secta denominada “Orden de la Luz”. En ese contexto, Rodríguez se presentaba como un “Dios Kiei” y Silva Muñoz como una “sensei”, roles que, según relataron las denunciantes, servían para ejercer control psicológico sobre las víctimas.

El rol atribuido a Daniela Silva Muñoz

De acuerdo con la acusación, Silva Muñoz no solo estaba al tanto de los abusos, sino que habría actuado como partícipe necesaria. Las denunciantes sostuvieron que era ella quien coordinaba los encuentros, justificaba las prácticas sexuales como parte de un supuesto camino espiritual. Y convencía a las jóvenes de someterse a los deseos de su pareja.

La fiscalía considera acreditado que Silva Muñoz facilitó el acceso de Rodríguez a las víctimas y que, en algunos casos, estuvo presente durante los hechos de abuso. Al menos uno de los episodios denunciados habría ocurrido dentro de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.

Persecución, encierro y violencia reiterada

Las mujeres que denunciaron también relataron situaciones de hostigamiento y persecución. Indicaron haber sido seguidas en la vía pública, acorraladas en sus propios domicilios y sometidas a prácticas intimidatorias. Como ser llevadas a descampados con la promesa de encuentros o rituales que nunca se concretaban.

Al dictar la primera orden de detención, en diciembre pasado, el juez Masi sostuvo que existen elementos suficientes para afirmar que las víctimas eran privadas de su libertad para impedir que escaparan, y que los abusos se cometían sin medidas de protección. En su resolución, el magistrado también destacó que, tras los hechos, las denunciantes eran acosadas y perseguidas.

Respecto del accionar de Muñoz, el juez remarcó la contradicción entre su rol como referente de género dentro de la agrupación y las conductas denunciadas. Según el fallo, lejos de proteger a las mujeres, habría persuadido a las militantes para que se presentaran en su domicilio. También en oficinas del Senado, donde quedaban encerradas con Rodríguez para que éste abusara de ellas.