El sable corvo del general José de San Martín volvió al centro del debate público tras un decreto del presidente Javier Milei que dispuso su traslado desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión reabrió una vieja discusión sobre la custodia de una de las reliquias más simbólicas de la historia argentina y puso nuevamente bajo la lupa una trama que atraviesa gobiernos, robos políticos y decretos militares.

Un documento oficial editado en 1978 por el Instituto Nacional Sanmartiniano permite reconstruir, con precisión histórica, cómo y por qué el sable terminó durante décadas bajo custodia militar.

El testamento de San Martín y su pedido de discreción

El punto de partida de esta historia está en el propio testamento del Libertador. Allí, San Martín dejó una instrucción clara y contundente: prohibió expresamente que se le realizara cualquier tipo de funeral o ceremonia pública tras su muerte.

Ese pedido de discreción contrasta con el destino posterior de uno de sus objetos más emblemáticos, que terminaría convertido en un símbolo político en disputa.

El rol de Rosas y el destino del sable

Tras la muerte de San Martín, el sable quedó en manos de Juan Manuel de Rosas, a quien el Libertador se lo había legado como reconocimiento por la defensa de la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras.

Según consta en el documento del Instituto Nacional Sanmartiniano, Rosas dispuso en su propio testamento que, una vez fallecido él y su hija Manuelita, el sable fuera entregado al Gobierno de la Confederación Argentina como patrimonio del Estado.

De ese modo, la espada pasó a formar parte del acervo histórico nacional y, con el tiempo, quedó bajo custodia del Museo Histórico Nacional.

Los robos políticos del sable y el peronismo

La estabilidad institucional del sable se rompió en dos oportunidades clave. En agosto de 1963, un grupo vinculado a la Juventud Peronista ingresó al Museo Histórico Nacional y sustrajo el sable con el objetivo de entregárselo a Juan Domingo Perón, que se encontraba en el exilio.

El episodio se repitió en 1965, esta vez a manos del Movimiento Nueva Argentina. En ambos casos, no se trató de robos comunes, sino de acciones políticas orientadas a apropiarse de un símbolo histórico asociado a la soberanía y la identidad nacional.

Estos hechos encendieron alarmas en el Estado y marcaron un punto de inflexión en la política de custodia del sable.

El decreto de Onganía y la custodia militar

En 1967, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, el Gobierno dictó el Decreto 1256, que ordenó el traslado del sable al Regimiento de Granaderos a Caballo. La medida respondió a la decisión de sacar el símbolo del ámbito civil y colocarlo bajo custodia militar permanente.

Desde entonces, el sable dejó de ser una pieza accesible al público y pasó a estar resguardado en un cuartel, como respuesta al temor de nuevas sustracciones y al peso político que había adquirido.

El regreso al museo y un nuevo traslado

En 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el sable fue devuelto al Museo Histórico Nacional, en una decisión que buscó restituir su carácter de patrimonio histórico y cultural accesible a la ciudadanía.

Sin embargo, esa situación volvió a modificarse en los últimos días, cuando un nuevo decreto presidencial ordenó su traslado nuevamente al Regimiento de Granaderos, reactivando el debate sobre el lugar que deben ocupar los símbolos fundacionales de la Argentina.

Un símbolo atravesado por la política

A lo largo de más de medio siglo, el sable corvo de San Martín fue mucho más que una reliquia histórica. Su recorrido revela cómo distintos gobiernos y actores políticos intentaron apropiarse de su significado, ya sea para exhibirlo, protegerlo o encerrarlo.

Paradójicamente, el arma del Libertador —quien se negó a usarla contra otros argentinos y eligió el exilio antes que la guerra civil— terminó siendo uno de los objetos más disputados en la historia política del país.

Hoy, su custodia vuelve a estar en discusión y expone, una vez más, cómo la Argentina sigue debatiéndose entre la memoria histórica y el uso político de sus símbolos fundacionales.