La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó que la Dirección General de Aduanas (DGA) puede actuar como querellante en una megacausa por narcotráfico y asociación ilícita, y rechazó un planteo de las defensas que buscaba apartar al organismo del expediente. El fallo, firmado por los jueces Roberto Hornos y Roberto Boico (Sala B), consolida el rol activo de la Justicia en investigaciones complejas vinculadas al crimen organizado transnacional.

La resolución avala que la Aduana intervenga como parte acusadora aun cuando los delitos investigados se encuadren en la Ley de Drogas, al considerar que las maniobras investigadas afectaron de manera directa los controles aduaneros y fronterizos.

El origen del expediente: droga oculta en valijas en Ezeiza

La causa se inició el 9 de noviembre de 2023, cuando agentes aduaneros detectaron a dos pasajeros provenientes de Francia en la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Durante el control de equipajes, descubrieron un doble fondo en las valijas que contenía 13,811 kilogramos de metanfetamina, conocida como éxtasis.

Ese procedimiento dio lugar a una investigación de mayor alcance, que permitió a la Justicia reconstruir la existencia de una organización criminal con actividad sostenida desde al menos 2016 y con ramificaciones en distintos países de Europa y América del Sur.

Una red criminal con alcance transnacional

Según surge del fallo, la banda operaba bajo una estructura estable, con roles definidos y capacidad logística para articular el tráfico internacional de estupefacientes. El esquema incluía la importación de MDMA desde países como Francia, España, Bélgica y los Países Bajos hacia Argentina y Paraguay, donde se avanzaba con la fabricación de pastillas.

En paralelo, la organización obtenía clorhidrato de cocaína en la región para enviarlo de forma clandestina al continente europeo. También se detectaron maniobras vinculadas a la distribución de ketamina, que habría ingresado desde Paraguay.

La estrategia defensiva para apartar a la Aduana

Con varios imputados procesados y detenidos con prisión preventiva, las defensas intentaron debilitar el frente acusador mediante una excepción de falta de acción. El planteo sostenía que la Dirección General de Aduanas no tenía legitimación para intervenir como querellante, ya que —según ese criterio— los delitos investigados tutelan bienes jurídicos como la salud pública o el orden público, ajenos a la competencia aduanera.

El objetivo era limitar la participación del organismo y reducir el peso institucional de la acusación en la etapa previa al juicio oral.

El criterio de la Cámara: los delitos no pueden analizarse de forma aislada

La Sala B rechazó de manera categórica ese argumento. En su resolución, los camaristas señalaron que los hechos no pueden analizarse como “compartimentos estancos”, ya que la actividad de la organización tenía como uno de sus ejes centrales la elusión sistemática de los controles aduaneros.

El juez Hornos remarcó que, aun cuando en esta etapa no se impute formalmente el delito de contrabando a todos los acusados, la finalidad de la asociación ilícita era burlar los controles fronterizos para introducir y extraer drogas del país.

La Aduana como “parte ofendida” legítima

En el mismo sentido, el juez Roberto Boico sostuvo que la conformación y el funcionamiento de la organización criminal afectaron de manera relevante las facultades de control de la Aduana sobre importaciones y exportaciones.

Por ese motivo, concluyó que la DGA reúne las condiciones de “particular ofendido” previstas en el artículo 82 del Código Procesal Penal, lo que la habilita a impulsar la acción penal, ofrecer pruebas y recurrir resoluciones judiciales.

Un revés completo para las defensas

La Cámara también revisó un punto puntual que había sido declarado abstracto en primera instancia respecto de una imputada, ya que la Aduana no la había incluido en el requerimiento de elevación a juicio. Los jueces entendieron que esa circunstancia no invalida la legitimación general del organismo y rechazaron también la excepción en ese caso.

Con esta decisión, la causa avanza hacia el juicio oral con una acusación fortalecida: a la del Ministerio Público Fiscal se suma la de una querella estatal que buscará demostrar cómo la organización narcocriminal logró vulnerar los controles aduaneros argentinos durante casi una década.