La violenta interna por el control de la UOCRA a nivel nacional volvió a escalar al centro de la escena judicial. En plena feria de verano, la Justicia federal resolvió habilitar el receso para que la Cámara Federal de Casación Penal analice la situación de uno de los imputados por las amenazas de muerte contra un juez y un fiscal, difundidas en un video que conmocionó al país en 2021.

Con la venia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de La Plata, la defensa de Hugo Orlando Cisneros quedó habilitada para llevar el reclamo directamente ante el máximo tribunal penal del país, en busca de su excarcelación antes del inicio del juicio oral.

Feria habilitada y una definición urgente

La decisión fue adoptada este miércoles por el juez Roberto Minguillon, quien resolvió interrumpir la feria judicial al considerar que estaba en juego el derecho a la libertad personal. El planteo había sido presentado por la defensora María Laura Giacomelli, que sostiene que la detención de su asistido resulta arbitraria y genera un perjuicio irreparable.

Con esta resolución, el expediente quedó en condiciones de ser revisado por Casación. Y que deberá definir si Cisneros continúa detenido o si puede aguardar el juicio en libertad.

El video que desató la causa

El caso se originó a partir de un video difundido en agosto de 2021, en el que diez hombres encapuchados, armados con escopetas y ametralladoras. Además, lanzaban amenazas explícitas de muerte contra un juez y un fiscal federales. La grabación, de estética intimidatoria, fue interpretada como un intento de amedrentar a la Justicia en el marco de una causa sensible.

Los destinatarios del mensaje eran el juez Alejandro Esmoris, integrante del TOF N°2, y el fiscal Rodolfo Molina. Y quienes tenían a su cargo el juicio contra el histórico dirigente sindical Juan Pablo Medina, conocido como “Pata” Medina.

Una maniobra de “falsa bandera”

Con el avance de la investigación, la Justicia descartó que las amenazas provinieran del entorno de Medina, pese a que en el video se exhibían banderas con la consigna “Pata Medina Conducción”. Según la reconstrucción judicial, se trató de una operación de “falsa bandera”, diseñada para incriminarlo y agravar su situación procesal.

La pesquisa apuntó entonces a la facción rival que disputa el control de la seccional platense del gremio, encabezada por Iván Tobar. El objetivo, según la acusación, era simular una amenaza proveniente del clan Medina para desacreditarlo y desplazarlo del escenario gremial.

Detenciones y avance de la causa

Cisneros no es el único imputado en el expediente. La causa avanzó con una serie de detenciones durante 2024 y 2025. El golpe más fuerte fue la detención de Iván Tobar, en abril de 2025. Si bien permanece bajo arresto, su situación se vio parcialmente aliviada en agosto, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resolvió morigerar los cargos en su contra.

También continúan detenidos Jonatan Ruiz y Rubén David Alzogaray, acusados de haber participado en la logística y ejecución del video intimidatorio. En tanto, otro de los implicados, Nehuén Iriarte, falleció en diciembre de 2024, lo que extinguió la acción penal en su caso.

Las pruebas que complican a Cisneros

La detención de Cisneros, concretada en abril de 2025, se sustentó principalmente en pericias de voz realizadas con tecnología forense avanzada. Los expertos concluyeron que su timbre vocal coincidía con el de uno de los encapuchados que hablaba en la grabación.

A esa evidencia se sumó la declaración de un imputado colaborador, que aportó detalles sobre la planificación del video, y un peritaje arquitectónico que permitió identificar el lugar donde fue filmado. Con ese conjunto probatorio, la acusación sostiene que Cisneros formó parte activa de la maniobra destinada a intimidar a funcionarios judiciales.

Ahora, con la feria judicial habilitada, será la Cámara Federal de Casación Penal la que tenga la última palabra sobre si el imputado permanece detenido o si recupera la libertad mientras se encamina el juicio oral.