Mientras permanecen detenidos y a la espera de definiciones judiciales, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, dirigentes kirchneristas y empleados del Senado bonaerense, quedaron formalmente imputados por cinco nuevos episodios de abuso sexual, con la incorporación de dos víctimas más. La causa ya reconoce cuatro mujeres damnificadas y reconstruye hechos que se remontan al menos a 2015.

La fiscal bonaerense Betina Lacki amplió la acusación tras recibir declaraciones de dos mujeres que compartieron militancia con los imputados. Los testimonios describen abusos ocurridos en 2015, los más antiguos del expediente, que se suman a la denuncia original de 2019 —sin avances significativos hasta ahora— y a otra causa abierta en 2025.
Los delitos imputados incluyen abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.

Poder, militancia y captación

Según la investigación, Rodríguez y Silva Muñoz —pareja y referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana— habrían captado adolescentes o jóvenes recién egresadas mediante promesas de pasantías, becas o vínculos de militancia. La relación de asimetría de poder aparece como un elemento central en los relatos.
Al menos un caso describe amenazas con armas blancas durante los abusos. También se investiga un episodio ocurrido dentro del Senado bonaerense.

La dimensión mística

Otras denunciantes ya habían mencionado una dinámica sectaria. Rodríguez se presentaba como un “Dios Kiei” y Silva Muñoz como “sensei” de “La Orden de la Luz”. En su rol, ella habría coordinado encuentros y facilitado el acceso de su pareja a las víctimas, e incluso presenciado abusos. Por eso, está imputada como partícipe necesaria.

Responsabilidades y encubrimientos

Una línea clave de la pesquisa apunta a determinar si hubo funcionarios que sabían de los hechos y miraron para otro lado o colaboraron para ocultarlos. La Justicia ya extendió plazos para reunir pruebas antes de resolver prisión preventiva.

Qué dijo el juez

Al ordenar las detenciones en diciembre, el juez de Garantías Juan Pablo Masi sostuvo que existen indicios de que las víctimas eran encerradas para impedir su escape y que, tras los abusos, se las acosaba y perseguía. Sobre Silva Muñoz, remarcó la contradicción entre su rol de referente de género y su presunta conducta de persuasión y entrega de las víctimas.