El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, cuestionó con dureza la eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares y alertó que la medida tendrá un impacto directo sobre el empleo industrial, en particular en la provincia fueguina.

La decisión del Gobierno nacional comenzó a regir desde el jueves 15 y establece arancel cero para la importación de celulares, luego de una reducción previa del 16% al 8% aplicada en mayo del año pasado.

«Un trabajador argentino menos»

A través de declaraciones públicas, Melella sostuvo que la apertura comercial tendrá consecuencias negativas sobre el entramado productivo local. «Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas», afirmó.

El mandatario fueguino remarcó que la industria electrónica radicada en la provincia será una de las más afectadas por la eliminación de los aranceles, ya que concentra buena parte del empleo industrial local y depende del esquema de protección vigente desde hace décadas.

Impacto en el empleo y datos oficiales

Melella cuestionó que la medida sea celebrada como un alivio para los consumidores y sostuvo que el costo social es mucho mayor. «Mientras algunos festejan un supuesto abaratamiento de celulares, nosotros no tenemos nada para festejar», señaló.

En ese sentido, citó datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que registró la destrucción de 176.908 puestos de trabajo en todo el país. «Las cifras duelen: una caída del 2,8% en el empleo total a nivel nacional desde fines de 2023. Pero en Tierra del Fuego es del 9,6%. Esto es más que una situación delicada», advirtió.

La postura del Gobierno nacional

Desde el Ejecutivo nacional justificaron la eliminación de aranceles al sostener que la medida busca «incrementar la competencia y generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores». No obstante, aclararon que el impacto en los valores finales no será inmediato.

Pese a esas explicaciones, el malestar se extendió entre sectores empresariales y autoridades provinciales, que advierten sobre el riesgo de desindustrialización y pérdida de puestos de trabajo en regiones fuertemente dependientes del régimen productivo.