La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, calificó como “trascendental” la decisión del Gobierno nacional de incorporar a la Hermandad Musulmana al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo (RePET), al considerar que se trata de una organización clave dentro del entramado del terrorismo internacional.

En declaraciones radiales, Monteoliva explicó que la medida apunta a fortalecer las herramientas del Estado argentino para prevenir, investigar y combatir el financiamiento y la articulación de organizaciones extremistas que operan de manera transnacional.

La funcionaria recordó que la Hermandad Musulmana es una organización casi centenaria, fundada en 1928 en la ciudad egipcia de Ismailia, y que con el paso del tiempo se expandió a distintos países bajo una estructura descentralizada, organizada en filiales o “capítulos”.

En esa línea, señaló que el Gobierno resolvió incorporar específicamente a los capítulos que operan en Líbano, Egipto y Jordania, tras evaluar informes de organismos de inteligencia y seguridad que vinculan a esas estructuras con actividades terroristas y de financiamiento ilícito.

Una organización “matriz” del terrorismo

Monteoliva subrayó que la Hermandad Musulmana no siempre ejecuta acciones violentas de manera directa, pero cumple un rol estratégico dentro del terrorismo global.

“La Hermandad Musulmana es una organización matriz que no siempre ejecuta sus acciones de forma directa, pero cumple un rol clave en la legitimación doctrinaria, en el respaldo político y en el apoyo logístico y financiero del terrorismo”, afirmó.

Según explicó, ese tipo de organizaciones funcionan como plataformas de sostén ideológico y operativo, lo que les permite influir y fortalecer a grupos radicalizados que sí llevan adelante acciones armadas o atentados.

Alcance de la medida

La inclusión en el RePET habilita al Estado argentino a bloquear activos, restringir operaciones financieras y reforzar los controles sobre personas y entidades vinculadas a estas organizaciones, en línea con compromisos internacionales asumidos por el país en materia de lucha contra el terrorismo.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la decisión se inscribe en una política integral de prevención, orientada a cerrar canales de financiamiento y cooperación que puedan ser utilizados por redes extremistas con proyección regional o global.