Una empresa de servicios de limpieza denunció un mecanismo sistemático de litigios laborales en el Centro Atómico Bariloche (CAB), en la provincia de Río Negro, tras ser condenada en primera instancia a pagar más de $1.000 millones por reclamos de 49 trabajadores que, según sostiene la firma, nunca dejaron de trabajar, pero igualmente se dieron por despedidos y exigieron indemnizaciones. Una nueva muestra de lo viva que estaría la industria del juicio en Argentina.

La compañía afectada es La Mantovana, con más de 55 años de trayectoria, cuyo caso quedó ahora bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, tras presentar un recurso de casación.

El origen del conflicto en el Centro Atómico Bariloche

El conflicto se inició luego de que La Mantovana perdiera en 2024 la licitación del servicio de limpieza en el Centro Atómico Bariloche, que había prestado durante cinco años. Los trabajadores estaban encuadrados en el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM).

Tras el recambio de prestador, los 49 empleados reclamaron despido indirecto, exigieron indemnizaciones y solicitaron que se les reconocieran diferencias salariales bajo el convenio del Sindicato de Comercio, pese a que —según la empresa— no existe actividad mercantil en el ámbito del centro científico.

Una práctica repetida en cada licitación

Desde el sector empresario aseguran que en el CAB rige desde hace años una costumbre no escrita: cada vez que una concesionaria pierde una licitación, el personal pasa automáticamente a la nueva prestataria y, al mismo tiempo, cobra indemnización por antigüedad.

“Cada vez que se produce un recambio, los empleados siguen trabajando para el nuevo prestador, pero reclaman compensaciones como si hubieran quedado sin empleo”, explicaron desde la defensa de la empresa.

En este caso, la nueva concesionaria fue Linser, cuya oferta resultó un 20% más cara que la anterior, según datos del proceso licitatorio.

Altas en la nueva empresa antes del “despido”

Uno de los puntos centrales del planteo de La Mantovana es que los trabajadores se inscribieron como empleados de Linser antes de darse por despedidos. Tres días antes de finalizar formalmente la concesión, los 49 firmaron el alta temprana en la nueva empresa, aunque aún prestaban tareas para la firma saliente.

“Se autodespidieron después de haberse registrado con otro empleador. Eso viola el principio de buena fe contractual”, señalaron los abogados de la compañía, quienes remarcaron que no existió interrupción laboral real.

La sentencia y el monto de la condena

La demanda inicial era de $200 millones, pero con la actualización de intereses judiciales el monto ascendió a $1.080 millones. El 15 de septiembre de 2025, la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche dictó sentencia de primera instancia.

El tribunal rechazó la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero admitió parcialmente reclamos indemnizatorios y salariales. El monto certificado de condena supera los $814 millones, mientras que el depósito inicial fue cubierto mediante un seguro de caución por más de $1.036 millones, que incluye honorarios, IVA y tasas judiciales.

Recurso ante el Superior Tribunal

La Mantovana apeló el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, donde sostiene que se trata de un “armado de demandas seriales” impulsado por los mismos actores y representantes legales cada vez que cambia la concesión del servicio en el CAB.

“Está acreditado que hubo continuidad laboral, altas previas en el nuevo empleador y cobertura de ART. No vamos a convalidar un sistema que castiga a quien cumple”, afirmaron desde el área jurídica de la empresa.

El caso se convirtió en uno de los ejemplos más citados por el sector privado al advertir sobre el impacto de la industria del juicio en la actividad empresarial, especialmente en esquemas de concesiones periódicas.