El Gobierno nacional confía en que la Justicia rechazará los amparos presentados contra el DNU 941/25, que reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En Casa Rosada sostienen que los recursos impulsados por dirigentes opositores carecen de legitimación porque no acreditan un daño concreto.

“Para impugnar un decreto hay que demostrar perjuicio directo. Nadie lo hizo”, sintetizó una fuente con acceso al despacho presidencial, que además ironizó: “No pueden autoproclamarse representantes del pueblo”.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y todo el Gabinete, modifica la Ley de Inteligencia Nacional y habilita una reorganización integral del organismo. Entre otros puntos, amplía facultades operativas, autoriza a la SIDE a proveer su propia seguridad y permite aprehensiones en casos de flagrancia.

Desde el Ejecutivo explicaron que los cambios apuntan a “ordenar el sistema”, reducir estructuras superpuestas y fortalecer los controles internos. La reforma fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo y es ejecutada por la actual conducción del organismo.

Los amparos presentados

La medida generó una rápida reacción de sectores opositores. Hasta el momento se presentaron tres acciones de amparo en el fuero Contencioso Administrativo Federal para frenar la aplicación del DNU.

La primera fue impulsada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto al socialista Esteban de Paulón. El planteo sostiene que no existe urgencia que justifique un DNU y que el tema debe ser tratado por el Congreso. El expediente quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4, a cargo de la jueza Rita Ailán.

En paralelo, la Fundación Apolo, vinculada al exlegislador Yamil Santoro, presentó otro recurso para cuestionar especialmente las facultades de detención otorgadas a la SIDE, que consideran contrarias a la Constitución.

La tercera presentación ingresó esta semana a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y lleva la firma de dirigentes ligados a la UCR, entre ellos Leopoldo Moreau, Federico Storani y Ricardo Alfonsín. En ese escrito se afirma que el decreto “vulnera derechos y garantías constitucionales”.

La estrategia oficial

En Balcarce 50 se muestran optimistas respecto del resultado judicial, aunque ya trabajan en una estrategia de apelación en caso de fallos adversos. “La falta de legitimación es evidente. No hay daño, no hay caso”, repiten en el entorno presidencial.

Según fuentes oficiales, el Gobierno cuenta con jurisprudencia consolidada que delimita quiénes pueden accionar judicialmente contra un decreto del Poder Ejecutivo. “La Corte Suprema tiene antecedentes claros en este sentido”, aseguran.

No obstante, en el oficialismo no descartan que el tema escale. “Si hay que discutirlo en tribunales, estamos preparados”, señalaron, al tiempo que cuestionaron la “politización” del Poder Judicial.