La oposición presentó un amparo judicial para frenar el DNU 941/2025, el decreto con el que el gobierno de Javier Milei reformó la estructura de la SIDE y amplió sus facultades, entre ellas la posibilidad de realizar detenciones.

La acción fue impulsada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto con Esteban Paulón, del Partido Socialista. El planteo incluye una medida cautelar para suspender la vigencia del decreto mientras la Justicia analiza su constitucionalidad. El expediente quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la jueza Rita Alián.

En la presentación, los legisladores cuestionan que el Ejecutivo haya modificado la Ley de Inteligencia Nacional a través de un DNU. Sostienen que no existió una situación de necesidad y urgencia que justificara eludir al Congreso y advierten que el decreto introduce cambios en materia penal, un ámbito que afirman está vedado al Poder Ejecutivo.

El escrito también alerta sobre la centralización de las tareas de inteligencia bajo la órbita presidencial y el riesgo de que el nuevo esquema derive en persecución política y militarización de la seguridad interior. Uno de los puntos centrales del amparo es la crítica a la facultad otorgada a la SIDE para realizar detenciones. Según los diputados, esa potestad corresponde exclusivamente a las fuerzas de seguridad y su extensión a los servicios de inteligencia vulnera el debido proceso y los derechos humanos.

En relación con la urgencia invocada por el Gobierno, los demandantes remarcan que el Ejecutivo contaba con alternativas legislativas para impulsar la reforma, como incluirla en el temario de sesiones extraordinarias. “Estamos frente a la construcción política de una necesidad y una urgencia que carecen de todo correlato fáctico. Por ende, este Decreto no sobrevive al más mínimo test de control de constitucionalidad”, sostienen.

El amparo cuestiona además el contenido del DNU. Los firmantes advierten que la norma “politiza la inteligencia” y señalan como ejemplo el traslado de la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete mediante la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, que quedará bajo la conducción de Manuel Adorni. Según el planteo, el decreto concentra “de manera absoluta” las tareas de inteligencia bajo el Poder Ejecutivo y pone en riesgo la independencia y objetividad del sistema.

Desde esa perspectiva, alertan que la SIDE podría convertirse en una herramienta de persecución contra periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, bajo el argumento de la “seguridad estratégica”. También remarcan que las definiciones amplias sobre inteligencia y contrainteligencia generan un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y los derechos políticos, especialmente en contextos de protesta social.

Otro punto cuestionado es la disposición que establece que “todas las actividades de inteligencia son encubiertas”. Para los diputados, esa redacción contradice el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y profundiza la falta de transparencia del sistema.

El DNU fue firmado por Javier Milei y todo su gabinete y se publicó el último día hábil de 2025, un día después del cierre de las sesiones extraordinarias, con el Congreso ya en receso. Ese contexto generó un rechazo inmediato en sectores de la oposición, que reclamaron la rápida conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para revisar la norma.

El oficialismo, sin embargo, busca postergar el debate y proyecta su tratamiento recién para febrero. La comisión es permanente y podría reunirse aun con el Parlamento en receso, pero debe integrarse nuevamente tras la renovación de las cámaras, un proceso que depende de Martín Menem en Diputados y de Victoria Villarruel en el Senado. Desde La Libertad Avanza adelantaron que, al menos durante los primeros días de enero, el Congreso no abrirá.