El Gobierno nacional explicó los alcances de la reestructuración del sistema de inteligencia dispuesta a través del DNU 941/25 y aseguró que los cambios buscan mejorar la eficiencia, reducir superposiciones y fortalecer los controles institucionales. La aclaración se realizó mediante un comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en el que se subrayó que la reforma responde a “los más altos estándares democráticos y republicanos”.

Según el texto difundido por el organismo, la medida apunta a “proteger al país frente a las amenazas contemporáneas”, al tiempo que redefine competencias, reduce la estructura del sistema y delimita con mayor precisión las funciones de cada área.

Redefinición de funciones y estructura

De manera puntual, el decreto redefine las atribuciones institucionales y limita a la Agencia de Seguridad Nacional exclusivamente a tareas de contrainteligencia. Además, elimina organismos considerados superpuestos, como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

Desde el Ejecutivo señalaron que la reforma no modifica la conducción actual del organismo. La SIDE continuará encabezada por Cristian Auguadra, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra desarrolló su carrera dentro del sistema de inteligencia y asumió la conducción tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos.

Reacciones políticas y cuestionamientos

La decisión generó críticas desde distintos sectores de la oposición, que anticiparon la presentación de pedidos de informes en el Congreso a través de la Comisión Bicameral de Inteligencia. No obstante, al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para sostener su vigencia.

Desde Provincias Unidas, la diputada Gisela Scaglia sostuvo que “sin control del Congreso no hay democracia plena” y cuestionó que una reforma de esta magnitud no haya sido debatida en el Parlamento. En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que si una iniciativa similar hubiera sido impulsada por el kirchnerismo “habría generado un escándalo institucional”, y reclamó un debate plural y con contralor legislativo.

Argumentos oficiales y control institucional

En el comunicado, la Secretaría de Inteligencia afirmó que los desafíos globales actuales y el nuevo posicionamiento internacional de la Argentina requieren un sistema “moderno, profesional y eficiente”. En ese marco, se estableció una delimitación precisa de responsabilidades: la seguridad interna quedará a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, la inteligencia militar del Estado Mayor Conjunto y la protección de infraestructura crítica y sistemas de información del Estado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Respecto de la Agencia de Seguridad Nacional, se remarcó que su función se restringirá a la contrainteligencia, definida como la protección del Estado frente a acciones de espionaje o injerencia externa. Según el Gobierno, este esquema busca dejar atrás prácticas del pasado vinculadas a persecuciones políticas o espionaje interno.

Finalmente, la reforma incorpora un nuevo sistema de intercambio de información entre organismos estatales, basado en la trazabilidad y el registro obligatorio de cada requerimiento. De acuerdo con el Ejecutivo, este mecanismo apunta a reducir la discrecionalidad, garantizar mayor transparencia interna y reforzar los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el Sistema de Inteligencia Nacional.