El Gobierno de Mendoza abrió una nueva etapa en la política sanitaria: presentó en la Justicia Civil las primeras diez denuncias contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos. La decisión llega en un escenario de caída sostenida de las coberturas y rebrotes de enfermedades que estaban controladas, como sarampión o tos convulsa.

La provincia es la primera del país en activar un procedimiento judicial basado en la Ley Nacional 27.491, que declara a las vacunas como obligatorias y de interés público. La medida había sido reglamentada en agosto y fijó los pasos y sanciones ante el incumplimiento. Ahora, los casos ya están en manos de la Justicia.

Los adultos denunciados deberán presentarse en una audiencia en la que personal sanitario expone los riesgos de sostener la falta de inmunización. Desde ese momento, cuentan con un plazo de 30 días para completar las dosis correspondientes. Si no lo hacen, el expediente vuelve a avanzar en el fuero civil.

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, confirmó que ya se radicaron las diez primeras denuncias judiciales y sostuvo que el objetivo principal es proteger el derecho a la salud de los menores. En la provincia ya se registraron brotes y muertes infantiles asociadas a enfermedades prevenibles.

El esquema reglamentado establece que, en caso de persistir el incumplimiento, los padres pueden enfrentar sanciones previstas en el Código de Contravenciones: multas que van de USD 84.000 a USD 336.000, hasta cinco días de arresto o la obligación de realizar trabajos comunitarios en hospitales. Las penalidades pueden duplicarse o triplicarse si hay reincidencia o si instituciones educativas o funcionarios omiten denunciar.

La responsable del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, explicó que el déficit más marcado está en las vacunas de los 15 meses, un tramo donde se perdieron controles preventivos. En las escuelas, la cobertura ronda el 80%, lejos del 95% recomendado para evitar reaparición de enfermedades.

La funcionaria señaló que el descenso es aún mayor en la adolescencia. En VPH, por ejemplo, la primera dosis alcanza al 66,98% de las niñas y al 60,92% de los varones; la segunda cae por debajo del 35%. También reconoció que, tras la publicación del protocolo, el equipo recibió amenazas en redes por parte de grupos antivacunas, aunque afirmó que la prioridad es sostener la evidencia: “Las vacunas salvan vidas”.

Con la implementación del procedimiento judicial, Mendoza busca reforzar la responsabilidad colectiva frente a enfermedades prevenibles y mantener la vacunación fuera de discusiones ideológicas. El Ministerio insistió en que la población debe recurrir solo a información respaldada y mantener el carnet al día.