El Ministerio Fiscal imputó al segundo jefe de la Unidad Regional Norte, Sergio Marcelo Juárez, y al suboficial Walter Frías en el marco de la causa que investiga el supuesto uso de detenidos condenados para realizar trabajos de albañilería en domicilios particulares, uno de ellos perteneciente al ex jefe de la propia URN. La acusación estuvo a cargo del auxiliar de fiscal Federico Lizárraga, en representación de la Unidad Especializada de Delitos Complejos subrogada por José Sanjuán, quien les atribuyó el delito de encubrimiento. En el caso de Frías, además, se sumó el delito de falsificación de instrumento público en perjuicio de la administración y de la fe pública.

“Durante al menos tres meses detenidos condenados estuvieron alojados en la Unidad Regional Norte (donde no existe arresto) y trabajando a la vista de todo el personal, recibiendo incluso visitas de familiares. En ese contexto, realizaron refacciones en domicilios particulares como ser tapias completas, estructuras metálicas, antebaño y construcción de sanitarios. No se trató de un hecho aislado sino que, ocurrió delante de todos los miembros policiales de la URN”, señaló Lizárraga durante la formulación de cargos.

El representante del Ministerio Fiscal sostuvo que en la dependencia “se montó un sistema estable y prolongado en el tiempo de utilización de detenidos condenados como mano de obra para beneficiar particularmente a los funcionarios policiales de la plana mayor”. Describió tres pilares de ese funcionamiento: el alojamiento clandestino de los penados en la URN, el uso de un móvil policial para trasladarlos a las casas particulares y la falsificación documental acompañada del silencio funcional del personal. Sobre el rol de Frías, afirmó: “No fue el de un mero empleado distraído, fue el oficial de guardia encargado del libro que ese día consignó un traslado falso (hacia la comisaría de Chuscha) para dar una cobertura administrativa a la maniobra y evitar cualquier tipo de control posterior que detectara el uso del móvil y de los detenidos para estos fines privados”. Sostuvo también que su conducta “encuadra en la falsificación ideológica de instrumento público y de encubrimiento agravado como autor”.

Respecto de Juárez, Lizarraga indicó que “aparece mencionado desde el origen de los mensajes anónimos enviados al Ministro de Seguridad, siendo uno de los jefes que utilizaba detenidos para trabajos personales y que ordenaba no dejarlos asentados en los libros. Incluso sus compañeros renunciaron a sus puestos por estas presiones”.

En el tramo final de la audiencia, el auxiliar de fiscal solicitó medidas de coerción más gravosas para ambos acusados. El juez resolvió dictar prisión preventiva para Juárez y arresto domiciliario con dispositivo de rastreo para Frías, en ambos casos por un plazo de tres meses. “Se trata de personas a las cuales se les deposita la obligación de llevar adelante un control como funcionario público de las dependencias”, argumentó el magistrado.

Lizarraga coincidió y remarcó que “se trata de hechos que comprometen directamente la confianza que la sociedad tiene en sus fuerzas de seguridad que suponen el uso de personas privadas de libertad como mano de obra en beneficio de superiores jerárquicos, el uso indebido de los recursos del Estado (móviles policiales, combustible y servicio del personal)”. Recordó además que la causa fue declarada asunto complejo y que ya se dictó prisión preventiva para el ex jefe Gustavo Javier Beltrán, medida que fue confirmada por el Tribunal de Impugnación.

Antes de la resolución judicial, ambos imputados se expresaron y negaron los hechos. Juárez sostuvo: “Niego los cargos, siempre me encontré a disposición de la Justicia. La verdad que me extraña mucho las declaraciones de los oficiales (que declararon en el marco del legajo). La estoy pasando muy mal, como imagino el resto del personal”. Frías, por su parte, afirmó: “Yo estoy encerrado entre cuatro paredes y solamente escribo lo que se ve o lo que me indican. No verifico”.