La disputa por el control del Consejo de la Magistratura sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que Karina Milei lograra quedarse con una vocalía que hasta ahora pertenecía a la Unión Cívica Radical (UCR), en una maniobra que volvió a exponer la interna libertaria y el creciente peso político de la secretaria general de la Presidencia.

La jugada significó además una nueva pulseada ganada frente al estratega oficialista Santiago Caputo, quien hasta ahora tenía injerencia directa en los movimientos vinculados al Poder Judicial. Lo decidido deja en claro que la hermana del Presidente busca consolidar su influencia en un ámbito decisivo para el futuro de la Justicia federal.

La maniobra en Diputados y la reacción del radicalismo

Todo se formalizó con una presentación firmada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, dirigida al titular de la Cámara baja, Martín Menem. Allí se argumenta que la diputada saliente Roxana Reyes y su suplente Francisco Monti concluyeron sus mandatos el 10 de diciembre, por lo que la vacante en el Consejo debía cubrirse de inmediato.

El radicalismo, sin embargo, venía negociando desde agosto para que Menem avalara la designación de Karina Banfi en reemplazo de Reyes. Según fuentes parlamentarias, el riojano dilató la firma hasta el vencimiento de los mandatos, aprovechando el error de la UCR de designar a dos legisladores que finalizaban su período el mismo año, una situación que dejó sin efecto automático la sucesión interna.

En lugar de los radicales, Bornoroni propuso a los libertarios Gonzalo Roca (Córdoba) y Álvaro Martínez (Mendoza), que pasan a ocupar un rol central en la estrategia judicial del oficialismo. En un primer momento se evaluó el nombre de Nicolás Mayoraz, pero finalmente lo reservaron para negociaciones legislativas dentro de Diputados.

Qué puede pasar en la Justicia y cómo queda el mapa político

Ante la pérdida del lugar, el radicalismo analiza presentar un amparo judicial para impedir la asunción de los nuevos consejeros. Sin embargo, en los pasillos del Congreso coinciden en que, incluso si algún juez habilita la cautelar, lo más probable es que el proceso termine en la Corte Suprema, que históricamente sostiene que estos conflictos deben resolverse en el plano político.

En paralelo, el oficialismo garantizó la continuidad del diputado Álvaro González en la Magistratura. El dirigente del PRO, que había evaluado sumarse al bloque Provincias Unidas, decidió mantener su banca dentro del espacio que conduce Cristian Ritondo, consciente de que un cambio de bloque podría costarle el lugar en el organismo.

La presentación también confirma que seguirán en sus cargos los representantes del kirchnerismo: Vanesa Siley, que renovó su mandato, y Rodolfo Tailhade, con continuidad asegurada hasta 2027.

Bornoroni planteó que, en el escenario actual, le corresponde a La Libertad Avanza asumir la vocalía que dejan Reyes y Monti. Además, dejó abierta la puerta para futuras disputas: el oficialismo entiende que, si mantiene la primera minoría, podrá reclamar dos lugares en el Consejo hacia fines de 2026.