El Gobierno designó a Joaquín Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos
El Gobierno oficializó el reemplazo de Alberto Baños en la Subsecretaría de Derechos Humanos y designó a Joaquín Ignacio Mogaburu, en una decisión anunciada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. El recambio se enmarca en el relanzamiento de la gestión que impulsó Javier Milei tras el año electoral y coincidió con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Amerio destacó que Mogaburu “tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos definidos para esta segunda etapa”, y recordó que durante los dos años de gestión se eliminaron 14 cargos jerárquicos, incluida la antigua Secretaría de Derechos Humanos, ahora reducida a Subsecretaría. Según detalló, el ajuste permitió reducir la planta de personal a la mitad y generar un ahorro anual estimado en $13.550 millones. Aseguró además que la nueva conducción “profundizará el proceso de ordenamiento del área” y contribuirá a “desideologizar las políticas públicas”, en línea con los objetivos del Gobierno desde diciembre de 2023.
Mogaburu es abogado con formación de posgrado en derechos humanos y derecho penal, con estudios en la UCA, la Universidad de Navarra y Washington College of Law. Posee trayectoria en tribunales federales, organismos internacionales, investigación académica y docencia universitaria. También se desempeñó en el Poder Judicial, en el Ministerio de Defensa y como visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su producción incluye artículos, libros colectivos y ponencias en congresos nacionales e internacionales.

La designación llega en paralelo a la apertura del nuevo período de sesiones extraordinarias, donde el Gobierno buscará avanzar con un paquete de reformas estructurales. El temario incluye el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, el proyecto de Modernización Laboral y la Reforma del Código Penal. También figura la iniciativa para adecuar el régimen de preservación de glaciares y ambiente periglacial, una propuesta que genera advertencias por su posible impacto ambiental.