El Ministerio de Justicia de la Nación volvió a aplazar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en los tribunales de Comodoro Py, fijando como nueva fecha el 20 de abril de 2026. La decisión se tomó tras los reiterados pedidos de la Procuración General de la Nación, que advirtió sobre la falta de condiciones materiales y de recursos humanos para poner en marcha el sistema.

Con esta medida, el Ejecutivo nacional dispuso por segunda vez en el año un cambio en el cronograma de aplicación del modelo acusatorio, considerado uno de los ejes más importantes en la modernización de la Justicia federal.

Motivos del nuevo aplazamiento

La resolución, elaborada por el secretario de Justicia Sebastián Amerio y que llevará la firma de la ministra Patricia Bullrich —en reemplazo del titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, actualmente de licencia—, argumenta que aún faltan inversiones en infraestructura, tecnología y personal especializado.

Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es garantizar que el nuevo sistema “funcione correctamente desde el primer día”. Entre los principales obstáculos se mencionan el traspaso de personal, la adaptación edilicia de los tribunales de Retiro y la actualización de los sistemas informáticos.

Un proceso clave para la modernización judicial

El sistema procesal acusatorio implica un cambio estructural en la administración de justicia penal: los fiscales pasarán a dirigir las investigaciones, mientras que los jueces asumirán el rol de garantes del proceso.

Hasta ahora, en Comodoro Py y en el fuero penal económico, son los jueces quienes llevan adelante la instrucción de las causas, mientras que las fiscalías intervienen de manera limitada. Con el nuevo modelo, la iniciativa investigativa pasará a manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá asumir funciones ampliadas y disponer de mayores recursos.

Crisis de vacantes y falta de recursos

El aplazamiento coincide con una de las peores crisis de vacantes judiciales de las últimas décadas. Según datos oficiales, el 32,5% de los cargos de jueces nacionales y federales están vacantes, mientras que el déficit en el Ministerio Público Fiscal asciende al 46,8% de los despachos sin fiscales titulares.

El propio procurador general, Eduardo Casal, había señalado que el cambio de sistema exige una transformación integral: “Es un cambio de paradigma donde el Ministerio Público pasa de ser un órgano de acusación a ser un órgano de investigación y persecución penal. Eso requiere otra organización y otros recursos”.

Casal también advirtió sobre la necesidad de contar con cuerpos periciales, equipamiento tecnológico y formación especializada para los fiscales, condiciones que aún no están completamente garantizadas.

Segunda postergación en el año

Esta es la segunda vez en 2025 que el Ministerio de Justicia posterga la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. En la primera oportunidad se habían reconocido problemas edilicios en los edificios de Comodoro Py y Avenida de los Inmigrantes, además de las vacantes judiciales y fiscales.

La reforma, sancionada originalmente en 2014, busca establecer un sistema más ágil, oral y transparente, donde los juicios se desarrollen en tiempo real y las audiencias sean públicas. Sin embargo, su puesta en marcha en el fuero federal porteño —el más sensible del país— volverá a esperar.