El fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), advirtió que el sistema judicial argentino atraviesa una situación de “verdadera emergencia” por la falta de nombramientos en cargos clave. En ese sentido, denunció una “falta de voluntad política” para revertir el problema y puso como ejemplo el juicio de los cuadernos de la corrupción, que involucra a Cristina Kirchner y a otros 86 acusados.

“Tardó seis años en empezar, y se hará una audiencia por semana porque no hay jueces; cuando termine, la mitad de los testigos van a estar muertos”, expresó Rodríguez durante su exposición en un seminario internacional sobre los desafíos judiciales para combatir la corrupción en la región, realizado en la Universidad de Palermo.

Un sistema en crisis y falta de voluntad política

El encuentro, organizado por Transparencia Venezuela, Poder Ciudadano, el National Center of State Courts y la Fundación para el Debido Proceso, reunió a funcionarios y especialistas de distintos países de América Latina. Bajo el título “Contrarrestando los ilícitos y la corrupción venezolana”, las ponencias analizaron la expansión del crimen organizado y la corrupción transnacional, con especial foco en el caso venezolano.

Durante su intervención en el panel “Procesos complejos y sus denuncias en el mundo”, el fiscal Rodríguez planteó que los grandes hechos de corrupción son difíciles de investigar “porque implican investigar al poder económico”, y que para lograr resultados “se necesita independencia, autonomía y verdadera voluntad política”.

Vacancias judiciales y riesgo de parálisis institucional

Rodríguez también alertó sobre el alto nivel de vacancia en los tribunales federales. “En la Argentina tenemos aproximadamente el 40% de los cargos de jueces y fiscales federales o nacionales vacantes. Esto significa que estamos próximos a una denegación de justicia, porque los procesos se atrasan”, explicó.

El funcionario reiteró que la falta de voluntad para cubrir esos cargos agrava la demora judicial y perpetúa la impunidad. “Con una audiencia por semana, cuando se finalice el juicio, la mayoría de los imputados y de los testigos van a estar muertos. Este tema de las vacancias puede ser un poco voluntad política de no cubrir las vacantes”, afirmó.

Demoras en la implementación del sistema acusatorio

Rodríguez también cuestionó la demora en la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal acusatorio, sancionado en 2014. “Pasaron once años y aún no está vigente en todo el país. Ni siquiera en el principal distrito, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto le resta rapidez y transparencia a los procesos”, advirtió.

En otro tramo de su exposición, se refirió al caso Odebrecht y lamentó la falta de cooperación internacional. “La gran corrupción no es local, es transnacional. Si no contamos con un sistema ágil y efectivo de transmisión y compartición de pruebas entre operadores judiciales, ninguna investigación puede prosperar”, enfatizó.

Corrupción regional y necesidad de cooperación internacional

Del mismo panel participaron los periodistas Roberto Deniz e Iván Ruíz, y Karina Carvalho, de Ethos Gov (Portugal). Deniz detalló los millonarios movimientos de dinero vinculados a la empresa argentina Ex Clé, proveedora del sistema electoral en Venezuela, que activaron alertas en la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina.

En otra mesa del encuentro, dedicada al lavado de dinero y crimen organizado en América Latina, participaron Milton Alvarado (UIAF de Colombia), Rodrigo Monge (OIJ de Costa Rica) y Juan Argibay Molina (Procelac), quien expuso sobre el caso Rosario.

La directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela, Mercedes de Freitas, cerró el evento destacando la importancia de la cooperación institucional. “Una de las cosas más importantes para la transparencia de Venezuela es seguir impulsando el trabajo conjunto. Solos, independientemente, no se avanza”, concluyó.