La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de casi 700 mil millones de pesos contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad, considerada una de las mayores defraudaciones al Estado argentino. El fallo fue emitido el jueves pasado por la Sala IV, integrada por Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña, quienes declararon inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La decisión judicial coincidió con la jornada en que la ex presidenta volvió a sentarse en el banquillo por la causa Cuadernos, otro expediente de alto impacto político y judicial.

Casación validó el monto actualizado del decomiso

Los jueces confirmaron la actualización del monto fijado por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en $684.990.350.139,86, tras una pericia del Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema. El cálculo se realizó con base en el índice de precios al consumidor (IPC) para mantener el valor real del perjuicio causado al Estado.

El fallo convalidó lo solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían pedido la ejecución inmediata del decomiso luego de vencido el plazo de diez días hábiles otorgado para el pago solidario de la condena.

La defensa pedía reducir el monto a $42 mil millones

Los abogados de Cristina Kirchner sostuvieron que el método de actualización utilizado por el tribunal era inadecuado y propusieron aplicar el cálculo de su perito de parte, que estimaba el perjuicio en $42.500 millones. También solicitaron la suspensión de la ejecución de la medida, pedido que fue desestimado.

Las defensas de Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda se sumaron al reclamo, argumentando arbitrariedad en la decisión del tribunal. Sin embargo, Casación rechazó los planteos por unanimidad, al considerar que no existía error en la interpretación normativa ni arbitrariedad manifiesta.

El decomiso, una obligación legal accesoria a la condena

Los magistrados reafirmaron que el decomiso es una consecuencia legal obligatoria de la condena penal, de acuerdo con el Código Penal argentino y las Convenciones Internacionales contra la Corrupción.

El monto surge de la actualización del daño económico determinado en la sentencia del 6 de diciembre de 2022, dictada por el TOF 2 —integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso—, que condenó a la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Corte ya había dejado firme la condena

El pasado 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia había dejado firme la condena en la causa Vialidad al rechazar los recursos extraordinarios presentados por las defensas. Con esa decisión, se consolidó la sentencia por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y la ejecución del decomiso de bienes y fondos vinculados a las maniobras de corrupción en la obra pública.

El fallo de Casación ratifica la continuidad del proceso de ejecución del decomiso y marca un nuevo capítulo en las causas judiciales que involucran a la ex mandataria y al empresario patagónico.