El Gobierno nacional dispuso una actualización escalonada del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, con aumentos que van del 29,7% al 35,4% y se aplicarán en tres tramos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025. La medida busca recomponer los valores arancelarios y garantizar la continuidad de los servicios en todo el país.

El anuncio se concretó tras una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, integrada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, con la coordinación del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. La decisión fue posible gracias a una partida adicional autorizada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que permitirá afrontar los incrementos previstos.

Una suba esperada por el sector

El último ajuste del nomenclador se había aplicado en diciembre de 2024, con una suba mínima del 0,5%, lo que generó reclamos por parte de prestadores y organizaciones vinculadas a la discapacidad. Durante 2025, el retraso en la actualización provocó cierres de centros, demoras en pagos y cortes en la prestación de servicios esenciales.

«Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención», señalaron desde el Ministerio de Salud y la ANDIS. El aumento abarca a instituciones, profesionales y servicios que trabajan en internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.

Contexto judicial y administrativo

La medida se conoció luego de que el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenara restablecer 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. Sin embargo, el fallo aclaró que el beneficio no se aplicará a personas privadas de libertad.

Desde el Gobierno explicaron que el incremento forma parte de un proceso de “normalización y previsibilidad” del sistema. «Ordenamos el sistema, que había sido desfinanciado y manejado con discrecionalidad. En 2023, el nomenclador aumentó solo un 93% frente a una inflación del 211%», recordaron fuentes oficiales. También señalaron que algunas provincias «pagan la mitad de lo que abona Nación, como ocurre con IOMA en Buenos Aires».

Ajuste y equidad en la distribución

El interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, destacó que la actualización «no sólo recompone valores, sino que restablece criterios de equidad y transparencia en la asignación de fondos». El objetivo, según explicaron, es asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los prestadores y se mantenga la cobertura para los beneficiarios.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre, bajo el número 13901/2025, y se hizo efectiva luego de que la Justicia federal confirmara la vigencia de la medida. El fallo también ordena al Estado abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Impacto en los prestadores y beneficiarios

El incremento beneficiará a miles de profesionales y centros especializados que integran la red nacional de atención a la discapacidad. Se busca no solo garantizar la continuidad de los tratamientos, sino también mejorar la previsibilidad del sistema en un contexto de presión inflacionaria.

«Este tipo de medidas no solo otorgan previsibilidad al sistema, sino que también reconocen el trabajo. Y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días», remarcaron fuentes oficiales. El Boletín Oficial publicará la norma definitiva en las próximas horas.