El procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, presentó su renuncia de manera sorpresiva luego de ser suspendido por la Legislatura provincial en un trámite exprés. La decisión se produjo en medio de una crisis institucional que también alcanzó a su adjunto, Ignacio Pasquini, quien tomó la misma determinación. Ambos estaban bajo la mira por presuntas irregularidades y por su vínculo con un caso que involucra a una jueza. También a un sacerdote acusado de abuso sexual y al obispo de la diócesis jujeña.

El conflicto tuvo origen en la sesión legislativa del 2 de octubre, cuando se reactivó un pedido de juicio político contra Lello Sánchez presentado por exfuncionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La medida llegó días después de que se filtraran conversaciones entre la jueza de Corte Laura Lamas González, el sacerdote Luis Bruno —denunciado por abuso sexual— y el obispo César Fernández. Donde presuntamente coordinaban el pago de 10 mil dólares a la víctima a cambio de su silencio.

Los mensajes, según detalla Infobae, fueron hallados en el celular del sacerdote durante una investigación judicial. El hallazgo derivó en un pedido de prisión preventiva para Bruno, con el objetivo de evitar posibles maniobras de encubrimiento o entorpecimiento de la causa.

La denuncia y la respuesta del procurador

Antes de su renuncia, Lello Sánchez había informado que la víctima del caso presentó una denuncia formal contra el cura, el obispo y la magistrada. También aseguró que la filtración de los mensajes no había salido del MPA, y señaló que otras dependencias judiciales habían tenido acceso al expediente.

“Al expediente accedieron el Ministerio Público de la Defensa, abogados particulares y personal de la Oficina de Gestión Judicial”, explicó entonces, en un intento por desligar a su área de la filtración.

Durante su gestión, el procurador impulsó la implementación del sistema acusatorio en la provincia y la creación de nuevas fiscalías. Sin embargo, su salida fue interpretada por sectores judiciales como un “atropello institucional”. Y una “violación al derecho de defensa”, según fuentes del propio Ministerio Público.

Un trámite exprés en la Legislatura

El pedido de juicio político fue presentado por los exfuncionarios Walter Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos, quienes acusaron a Lello Sánchez y Pasquini de malversación de fondos.

La solicitud fue elevada por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, a la Comisión Investigadora. La cual resolvió la inmediata suspensión de ambos funcionarios. El documento llevaba el membrete del Partido Justicialista, que controla la mayoría legislativa.

La resolución también ordenó el allanamiento de las oficinas del MPA y, en principio, del domicilio particular del procurador. Si bien esta última medida no se concretó, sí se secuestró su teléfono celular y diversos dispositivos informáticos.