El Gobierno modificó su esquema de reducción del empleo público. A partir de ahora, los retiros voluntarios en organismos y empresas estatales requerirán un doble aval para ser aprobados: deberán contar con la validación de la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente del ministro Luis Caputo, y de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, a cargo de Federico Sturzenegger.

La medida fue oficializada este lunes a través de la Resolución 50/2025 publicada en el Boletín Oficial. Según explicaron fuentes oficiales, la decisión busca coordinar las políticas de reducción de personal con el control del gasto. Ya que “todo programa de retiro tiene un costo inmediato y un ahorro proyectado que debe ser evaluado por ambas áreas”.

El caso ARCA: gasto inicial y ahorro futuro

El sistema de retiros en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dirigida por Juan Pazo, fue uno de los primeros en auditarse bajo este nuevo criterio.

De acuerdo con información oficial, 795 agentes adhirieron al plan, lo que representó un desembolso de $105.453 millones. Y con un promedio de $132,6 millones por empleado. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el programa implicará un ahorro proyectado de $196.101 millones, al eliminar gastos futuros de salarios y funcionamiento.

Las indemnizaciones se abonan en tres cuotas mensuales, mientras que los ahorros fueron calculados en base a las remuneraciones que cada agente habría percibido hasta su jubilación, según los valores nominales de enero de 2025.

Meta fiscal y presión del FMI

El refuerzo del control sobre los retiros voluntarios ocurre en un contexto de tensión fiscal. La meta de superávit del 1,3% del PBI comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) quedó en duda tras la medida de “retenciones cero” que duró apenas tres días y generó un bache en la recaudación.

La Resolución 50/2025 busca evitar nuevas desviaciones presupuestarias, garantizando que cada programa de reducción de personal se ajuste al equilibrio fiscal. En la práctica, supone un freno temporal a los planes de Sturzenegger, quien hasta ahora manejaba de forma autónoma el proceso de racionalización del Estado.

El empleo público, en cifras

Según el último informe del INDEC, en agosto la dotación total de empleo público nacional fue de 285.733 personas, un 7,8% menos que un año atrás. De ese total, 194.934 pertenecen a la Administración Pública Nacional y 90.799 a empresas estatales, donde la reducción interanual fue del 9,4%.

Entre las firmas con más recortes, el Banco Nación pasó de 17.688 a 15.838 empleados, Aerolíneas Argentinas redujo su plantilla de 10.618 a 10.117, y la Fábrica de Aviones Brigadier San Martín bajó de 992 a 706.

También registraron disminuciones Fabricaciones Militares, con 386 empleados menos, y Educar S.A.U., que recortó 258 puestos.

Las empresas en privatización

En el marco de la Ley Bases, el Gobierno mantiene bajo análisis la privatización o concesión de varias compañías públicas. Entre ellas Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas, SOFSE y Corredores Viales.

El ajuste de personal fue especialmente fuerte en SOFSE, que perdió 3.904 trabajadores, y en AySA, con 1.638 menos. En Corredores Viales, se redujeron 784 empleados.

Desde el Ministerio de Economía, aseguran que la eficiencia en el gasto salarial es una condición indispensable. Especialmente, para avanzar con el traspaso de activos a manos privadas, un proceso que el ministro Caputo considera clave para sumar reservas al Banco Central y cumplir los compromisos con el FMI.