La Argentina consiguió el apoyo diplomático de Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania, Israel y Rumania en su estrategia judicial para evitar que la Corte de Apelaciones de Nueva York ratifique el fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del dictamen.

El respaldo internacional se canalizará a través de presentaciones amicus curiae, cuyo plazo vence esta medianoche. Según adelantó el consultor Sebastián Maril, otras naciones podrían sumarse a esta movida que fortalece la posición del país en la disputa.

Apelaciones en marcha y fechas clave

La disputa por YPF forma parte de cuatro apelaciones en curso en Estados Unidos, todas derivadas de la expropiación de 2012. En julio pasado, el Departamento de Justicia norteamericano ya había respaldado a la Argentina con un amicus curiae, en rechazo a la orden de Preska.

En agosto, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de entrega de las acciones, autorizando además la participación del Departamento de Justicia. Sin embargo, el proceso continúa abierto y el próximo 29 de octubre será una fecha decisiva: ese día se celebrará una audiencia clave, tres jornadas después de las elecciones legislativas en Argentina.

El proceso judicial y sus implicancias

La audiencia contará con la exposición oral de la Argentina, los representantes de Petersen/Eton Park Capital —beneficiarios del fallo— y de la propia YPF. Cada parte dispondrá de 30 minutos para presentar sus argumentos, aunque la Corte no tiene plazos fijados para dictar sentencia.

El fallo de Preska, dictado en 2023, obliga al país a pagar más de 16.100 millones de dólares más intereses a los demandantes. Como forma de ejecución, se solicitó la entrega del 51% de YPF, una decisión que Argentina busca frenar con respaldo internacional y argumentos de soberanía.

La causa no solo compromete el futuro de la petrolera estatal, sino que también tiene un fuerte impacto político y económico: un resultado adverso podría marcar un precedente sobre la gestión de activos estratégicos por parte de los Estados.