Un fallo judicial volvió a poner en jaque la estrategia comercial global de Donald Trump. La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos resolvió este viernes que el presidente se excedió en sus funciones al imponer aranceles amparado en una ley de 1977, pero dispuso que las medidas se mantengan vigentes mientras el caso regresa a un tribunal inferior para nuevas instancias de revisión.

La votación fue de 7 a 4 y ratificó la decisión de un tribunal comercial que ya había invalidado parte de la política arancelaria del republicano. Sin embargo, el fallo aclaró que los gravámenes continúan aplicándose hasta que la Corte Suprema, previsiblemente, tome el caso en los próximos meses.

La ley en cuestión

La disputa se centra en el alcance de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa), sancionada en 1977. El estatuto concede al presidente amplias facultades frente a emergencias nacionales, pero no menciona explícitamente la potestad de fijar aranceles. “El Congreso no le otorgó al presidente la facultad de imponer impuestos, derechos o gravámenes en esta norma”, señalaron los jueces en el fallo.

La administración Trump, en cambio, sostiene que la norma permite al mandatario avanzar en decisiones de política comercial para “defender la seguridad económica y nacional”.

La reacción de Trump

El fallo provocó una inmediata respuesta del presidente, quien en su red Truth Social aseguró que los aranceles seguirán vigentes “con la ayuda de la Corte Suprema”.

“¡Todos los aranceles siguen en vigor! Si se eliminan sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente y tenemos que ser fuertes”, escribió.

Trump defendió su estrategia como un eje de su “guerra comercial” para reducir déficits históricos y contrarrestar lo que definió como “barreras injustas” de otros países. “Durante años, políticos insensibles permitieron que los aranceles se usaran en nuestra contra. Ahora los utilizamos en beneficio de Estados Unidos”, agregó.

Un revés con impacto internacional

La decisión judicial llega en un contexto en el que la administración republicana amplió este mes los gravámenes a más de 90 países. Entre los afectados se encuentra la Argentina, con un arancel base del 10% sobre exportaciones hacia Estados Unidos.

Brasil sufrió una de las sanciones más duras: un arancel del 50% que, según analistas, respondió más a motivos políticos vinculados al expresidente Jair Bolsonaro que a factores comerciales.

En paralelo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que invalidar la política de aranceles sería “una vergüenza diplomática peligrosa” para el país. La Casa Blanca insiste en que el presidente tiene amplias facultades en materia de comercio exterior.

Próximos pasos

El fallo será apelado y se espera que la Corte Suprema tenga la última palabra. Hasta entonces, los aranceles —que generaron ingresos millonarios y también choques con los principales socios comerciales de Estados Unidos— seguirán aplicándose.

La pulseada jurídica definirá no solo el futuro de la política comercial de Trump, sino también los límites del poder presidencial para invocar leyes de emergencia con fines económicos.