La Oficina Anticorrupción (OA) determinó que el posteo de Javier Milei sobre el proyecto “Viva la Libertad Project” y su criptomoneda $LIBRA, realizado desde su cuenta personal de X el 14 de febrero pasado, debe interpretarse como un acto de carácter privado. La decisión quedó oficializada el jueves 5 de junio a través de una resolución firmada por el titular del organismo, Alejandro Melik.

Según el documento, no existió ningún procedimiento administrativo ni asignación de recursos públicos vinculados al mensaje que celebraba el lanzamiento del criptoactivo. Por lo tanto, se descartó que el Presidente haya violado normas de conducta en el ejercicio de su función pública.

La OA abrió un expediente interno tras el impacto que tuvo el posteo presidencial en los mercados y la aparición de denuncias judiciales por supuestas maniobras especulativas. La causa principal se tramita en el Juzgado Federal N.º 1 de María Romilda Servini, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano.

El mensaje en cuestión fue publicado el 14 de febrero de 2025 y contenía enlaces al sitio del proyecto y a la dirección del token en la red Solana. Tras su difusión, la cotización de $LIBRA experimentó un alza abrupta y posterior caída, lo que motivó acusaciones de estafa por parte de sectores como el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el exdiputado Claudio Lozano.

¿Hubo promoción indebida?

El análisis del organismo se enfocó en determinar si Milei actuó como jefe de Estado o como individuo. «El posteo, no conectado con actos administrativos, sin asignación de recursos públicos ni acompañamiento institucional, debe interpretarse como un acto de comunicación individual», sostiene la resolución.

También se recabaron datos de registros de audiencias, declaraciones juradas, bases de organismos estatales y vínculos de los funcionarios con empresas del ecosistema cripto. Entre ellas, KIP Protocol, Kelsier Ventures y Tech Forum SRL.

La OA justificó su dictamen en doctrina comparada y antecedentes internacionales, como fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que diferencian el uso personal y el oficial de las redes sociales. En ese sentido, aclararon que las cuentas personales —aunque sean usadas por funcionarios— están protegidas por el derecho a la libre expresión si no implican decisiones institucionales.

Desde la Secretaría de Comunicación y Medios también afirmaron que no se destinan recursos estatales para el manejo de la cuenta @JMilei.

Qué se resolvió sobre el resto de los implicados

En paralelo, la OA analizó la situación de Sergio Daniel Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, también mencionado en la causa. Concluyó que no incurrió en conflictos de intereses durante su función, aunque recomendó a la CNV evaluar si corresponde iniciar una investigación administrativa.

Se verificó que Morales no tenía competencias sobre las personas o empresas investigadas y que su firma, Morales Valores S.A.S., no operaba como agente registrado al momento de su cargo.

La decisión marca un límite entre el accionar privado y las responsabilidades oficiales. La OA subrayó la necesidad de mantener esa distinción clara para evitar interpretaciones erróneas sobre el rol de los funcionarios en redes sociales. A pesar de haber despejado las acusaciones éticas, el expediente continuará abierto a nuevas evidencias que puedan surgir de la causa penal en la justicia federal, donde todavía se analiza si existieron delitos.