Aunque volvió a instalarse el debate en el Senado sobre una posible ampliación de la Corte Suprema, el Gobierno nacional decidió no dar luz verde a esa discusión hasta después de las elecciones generales de octubre. La postura fue confirmada por una fuente directa de Casa Rosada, que aseguró: «No vamos a hablar del tema hasta noviembre».

Este jueves se retomaron las conversaciones en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde se pusieron sobre la mesa ocho proyectos distintos que proponen llevar el número de jueces del máximo tribunal a siete, nueve o incluso quince integrantes. Pese a ello, ninguno de los textos cuenta con aval del oficialismo.

Un debate trabado por la aritmética parlamentaria

La administración de Javier Milei necesita una mayoría de dos tercios en el Senado para designar nuevos miembros de la Corte, un umbral que hoy está fuera de su alcance. El kirchnerismo mantiene más de un tercio de las bancas y posee así poder de veto sobre cualquier nominación. De hecho, a comienzos de abril, la oposición no dialoguista logró rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, frustrando los primeros intentos de avanzar en la renovación de la Corte.

Mientras tanto, el tribunal funciona con apenas tres jueces titulares. Para cubrir la vacancia de los dos cargos faltantes, se apela al sistema de conjueces federales sorteados, una modalidad que, según el oficialismo, no puede sostenerse mucho más. «Preferimos discutir una ampliación antes que seguir funcionando con conjueces», argumentaron fuentes libertarias.

Expectativas para después de octubre

En los pasillos del oficialismo admiten que será necesario ampliar la Corte para destrabar los nombramientos y creen que una integración de siete o nueve miembros podría representar mejor la diversidad política del país. Sin embargo, insisten en que cualquier avance dependerá del resultado de las elecciones de octubre, donde se renovarán bancas clave en el Senado.

Por ahora, el debate legislativo parece una carrera simbólica, ya que la agenda parlamentaria suele paralizarse en períodos preelectorales. En ese contexto, desde el Gobierno restan importancia a los proyectos en circulación y los califican como parte de “una apurada”.

La Corte, sin interferencias ni pronunciamientos

Desde el propio Poder Judicial aseguran que los ministros actuales no opinarán públicamente sobre la posibilidad de ampliar el tribunal. Una fuente con conocimiento directo sobre la dinámica de la Corte aseguró que «no van a estar ni a favor ni en contra y no incidirán en la discusión política».

La idea de dividir la Corte en salas también se descartó por inconstitucional. Según un operador del oficialismo, lo óptimo sería mantener un número reducido de jueces que permita fallos ágiles. «La velocidad de la Corte depende del más lento de sus miembros, no del número total», señaló.

Otros frentes abiertos: AGN y sistema acusatorio

En paralelo, el oficialismo mantiene frenada la discusión sobre la Auditoría General de la Nación. Aunque sostiene la intención de que el organismo continúe con siete miembros, aún no habilitó las negociaciones para cubrir seis vacantes: tres por Diputados y tres por el Senado.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia avanza con la implementación del nuevo sistema acusatorio en Comodoro Py. Ayer se realizó una capacitación con jueces, camaristas y secretarios del fuero federal porteño, incluido el propio Lijo. La cartera solicitó además información sobre el personal disponible en los tribunales, con el objetivo de reasignar recursos a las fiscalías, que tendrán mayor protagonismo en la investigación de causas a partir del 11 de agosto.