A cinco meses de la detención arbitraria del gendarme argentino Nahuel Gallo por parte del régimen de Nicolás Maduro, el Gobierno nacional reforzó esta semana sus gestiones diplomáticas para lograr su liberación antes de fin de año. Desde la Casa Rosada confían en que existen posibilidades concretas de concretar el objetivo, especialmente tras el exitoso operativo que permitió rescatar a los cinco asilados políticos que permanecían como rehenes en la Embajada argentina en Caracas.

En un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, Javier Milei agradeció a las autoridades de Estados Unidos por su intervención en la operación de rescate, y aseguró que la libertad de Gallo se mantiene como una prioridad. «Seguiremos trabajando fuertemente en cooperación con nuestros aliados para lograr la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado ilegalmente por la dictadura venezolana. Su libertad es una prioridad para este Gobierno y no vamos a frenar hasta alcanzarla», expresaron desde el Ejecutivo.

Una negociación diplomática en marcha

Fuentes oficiales señalaron que la estrategia para liberar a Gallo incluye una coordinación directa con Washington y los principales socios geopolíticos de Argentina. En ese sentido, tanto la Cancillería, como el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y la representación diplomática conducida por Gerardo Werthein, están involucrados en el esquema de negociación.

Según trascendidos, el gobierno estadounidense negocia con Venezuela un acuerdo diplomático que incluye el canje de ciudadanos detenidos ilegalmente. Donald Trump, al frente de las gestiones, exigiría la liberación de nueve ciudadanos norteamericanos a cambio de narcotraficantes venezolanos detenidos en la prisión de Bukele, en El Salvador. En ese marco, la situación de Gallo se ubica como una prioridad compartida.

Gallo, una desaparición forzada en el corazón del régimen

El gendarme argentino fue arrestado en diciembre de 2023 en circunstancias aún poco claras. En enero de este año, se difundió un video donde se lo ve caminando en el penal El Rodeo, un centro de detención ubicado a casi 50 kilómetros de Caracas. Desde entonces, no hubo confirmación oficial sobre su paradero ni su estado de salud. La República Argentina denunció ante la Corte Penal Internacional que se trata de un caso de desaparición forzada, y responsabilizó al fiscal general venezolano, Tarek William Saab.

«Vamos a utilizar todos los recursos que tengamos a disposición para poder tener de vuelta a Nahuel», manifestaron desde el entorno presidencial. La diplomacia argentina ya activó los canales legales y diplomáticos disponibles para exigir la aparición con vida del agente.

Un escenario regional cada vez más tenso

La reciente liberación de Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos —perseguidos por el chavismo por formar parte del equipo de María Corina Machado— reavivó la presión internacional sobre el régimen venezolano. El operativo, conducido en secreto por agentes de EE.UU., logró sortear el cerco impuesto por las fuerzas de inteligencia bolivarianas alrededor de la sede diplomática argentina en Caracas, donde los opositores permanecieron refugiados durante 412 días.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la operación desde sus redes sociales: «Todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense». Y aprovechó para cuestionar a Maduro por socavar las instituciones y violar los derechos humanos. Milei, por su parte, agradeció públicamente al funcionario norteamericano por su «compromiso personal» en la misión.

El rol clave de la alianza con EE.UU.

La relación entre Milei y Rubio es cercana. En febrero de 2024, el actual secretario de Estado visitó la Casa Rosada y, meses después, volvió a compartir un encuentro con el Presidente durante la Gala Inaugural Starlight, en Washington. Ambos comparten una agenda común centrada en la defensa de los derechos humanos y el combate a las dictaduras de América Latina.

Según cifras de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 906 presos políticos: 737 civiles y 169 militares. El caso de Gallo se suma a esa lista, aunque con un matiz diplomático que incrementa la presión sobre el régimen de Maduro.