El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno trabaja en un nuevo régimen legal que permitiría a personas físicas utilizar dólares en efectivo sin tener que justificar su origen ante organismos de control, siempre que juren que no provienen de actividades ilícitas. El objetivo, según el funcionario, es ampliar la base monetaria sin emisión, fomentar la circulación de divisas y reactivar la economía formal sin crear nuevas cargas fiscales.

La propuesta contempla habilitar a los usuarios de billetes no declarados a incorporarlos al sistema financiero mediante una declaración jurada que certifique su legalidad. Esta medida, que no implicaría una condonación de impuestos sino una presentación espontánea, busca captar parte de los u$s250.000 millones que el INDEC estima que los argentinos mantienen fuera del sistema.

El plan: activar sin imprimir pesos

“Queremos que la gente compre lo que quiera y que nadie le pida explicaciones”, explicó Caputo en una entrevista, donde resaltó que el nivel de monetización de la economía se encuentra en apenas un 6%. Aseguró que junto al Banco Central y otros organismos trabajan para que el nuevo esquema cuente con seguridad jurídica y mínimas exigencias burocráticas.

La iniciativa se alinea con el concepto de “blanqueo popular” esbozado durante la campaña electoral. Para Caputo, la circulación libre de los dólares “ahorrados” por los argentinos es clave para la reactivación económica y el fortalecimiento de la base monetaria, sin caer en la tentación de emitir pesos.

Reacciones desde el plano legal, fiscal y económico

Para el tributarista Martín Litwak, CEO de Untitled SLC, la iniciativa tiene sentido siempre que la presentación se base en una declaración jurada que excluya el origen ilícito de los fondos. “El Poder Ejecutivo no puede condonar impuestos, pero sí puede eliminar multas e intereses para quienes regularicen”, remarcó. En ese marco, subrayó la necesidad de terminar con los blanqueos recurrentes, ya que “los que cumplen con sus obligaciones fiscales se sienten castigados”.

El director del IARAF, Nadín Argañaraz, valoró el proyecto como una herramienta que podría ayudar a combatir la evasión, que ronda el 40% del total impositivo. En su opinión, la clave está en “formalizar sin subir la presión fiscal” y lograr que más contribuyentes se integren voluntariamente al sistema económico legal.

Desde el plano técnico, el tributarista Sebastián Domínguez explicó que el uso de declaraciones juradas puede facilitar la implementación. Sin embargo, aclaró que para que el régimen sea efectivo y tenga efectos fiscales, debe tener respaldo normativo claro, y las provincias también deben adherir, ya que podrían reclamar deudas si no participan del esquema.

Impacto esperado y dudas en la city

La medida también apunta a permitir que los fondos regularizados puedan utilizarse para adquirir inmuebles, vehículos o maquinaria. Durante el blanqueo del segundo semestre de 2024, ingresaron más de u$s20.000 millones al circuito formal. El nuevo esquema buscaría consolidar esa tendencia sin repetir las falencias del pasado.

El economista Daniel Artana consideró que la iniciativa puede servir como canal para el ingreso de capitales sin pasar por el Congreso. “Esto funciona como una entrada de dólares genuinos”, dijo, y añadió que el plan “ayuda a la actividad económica en un momento donde no hay acceso a los mercados”.

No obstante, el economista Gabriel Caamaño se mostró más escéptico y advirtió que el efecto de la medida podría ser limitado. “Es más un mensaje político que una solución estructural”, opinó. Aun así, reconoció que refleja la urgencia del Gobierno por reactivar la economía sin herramientas convencionales como el crédito externo.