Un grupo de legisladores del bloque Justicialista presentó un proyecto de ley para instaurar un sistema de peaje en rutas administradas por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Los legisladores oficialistas proponen que los fondos recaudados se destinen a arreglar la red vial de la provincia. La iniciativa está siendo analizada en comisiones y podría tratarse en el recinto de la Honorable Legislatura de Tucumán en las próximas semanas.

Proyecto

La iniciativa es impulsada por el oficialista Tulio Caponio, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura. La misma descarta la gestión privada del servicio. La propuesta señala que sería el Estado provincial quien gestione los fondos recaudados. Según lo previsto en el proyecto, intervendría el Tribunal de Cuentas. El órgano sería el encargado de fiscalizar el funcionamiento administrativo y financiero del esquema, en línea con los principios de control y rendición de cuentas.

La iniciativa busca autorizar a la DPV a cobrar un peaje en determinadas rutas provinciales, con una tarifa que será definida por el organismo en función de criterios técnicos: tipo de vehículo, cantidad de ejes, peso de carga y franja horaria de circulación. Los fondos recaudados estarían destinados exclusivamente “al mantenimiento, construcción, modificación y/o mejoramiento” de las rutas provinciales. La Dirección Provincial de Vialidad deberá elevar anualmente a la Legislatura un informe con el detalle de lo recaudado, el destino de los fondos y los trabajos ejecutados.

El proyecto contempla exenciones de pago para vehículos de emergencia (ambulancias, móviles policiales y bomberos) y para automóviles oficiales pertenecientes a los gobiernos nacional, provincial y municipal cuando se encuentren en funciones. Además, se aclara que el cobro del peaje “no integrará la base imponible del impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

Argumentos

El proyecto lleva la firma de legisladores peronistas como Carlos Gallia, Sandra Figueroa, Leopoldo Rodríguez (h) y Roberto Moreno. En sus fundamentos, los legisladores oficialistas advirtieron sobre el “deterioro creciente en la infraestructura vial” y argumentaron que el cobro de peajes administrados por el Estado puede ser una herramienta eficaz para revertir esta situación.

“Se justifica como un mecanismo de equidad contributiva, donde quienes hacen uso intensivo de la red vial aporten directamente a su conservación”, afirmaron. Además, destacaron que el modelo propuesto busca evitar la delegación a privados, como ocurre en otras provincias y a nivel nacional, y garantizar que los recursos obtenidos por el uso de las rutas provinciales queden bajo control estatal y se reinviertan en beneficio del sistema vial tucumano.

La propuesta se presenta como una alternativa para financiar este tipo de obras sin depender exclusivamente del presupuesto general. No obstante, el proyecto ya recibió numerosos cuestionamientos. El posible cobro de peajes despertó malestar entre los tucumanos debido al estado general de las rutas y la falta de seguridad vial actual. Esto pone en foco la sostenibilidad del sistema vial y la necesidad de contar con rutas seguras, transitables y adecuadamente mantenidas.