El Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Patricia Bullrich presentó ante la Justicia una denuncia penal contra la jueza Karina Giselle Andrade, a cargo del Juzgado N° 15 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El documento presentado apunta contra la magistrada por los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado. Desde el Ejecutivo consideraron que la jueza actuó de manera arbitraria al liberar a decenas de detenidos tras los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación en el marco de las protestas por una mejora en los haberes jubilatorios.

El caso recayó en el Juzgado Federal N° 1 de la magistrada María Servini. La cartera de Seguridad Nacional señaló que la jueza interfirió «indebidamente» en un procedimiento de flagrancia, que es competencia exclusiva de la Fiscalía. «En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, Andrade decidió liberar a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea, como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía», señala la acusación. La presentación señala además, que la jueza no verificó las pruebas ni los antecedentes delictivos de los detenidos antes de ordenar su liberación. Este punto representaría una violación a la legislación vigente en CABA.

El Gobierno argumentó que la decisión de la jueza carece fundamento legal y habría colaborado al encubrimiento de los delitos cometidos. Por este motivo, la cartera de Bullrich solicitó que se inicie un sumario penal a la jueza. Además, la denuncia incluye el pedido de que el fuero federal se encargue de los hechos, dado que involucran delitos de «sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, situaciones que afectan directamente el orden democrático y constitucional del país».

Detenidos con antecedentes penales

La resolución de la Andrade dispuso la liberación de 114 detenidos por los hechos de violencia que tuvieron lugar en el Congreso el pasado miércoles y en el que habrían participado barrabravas. Según el Gobierno porteño y la administración nacional, entre los detenidos había personas con graves antecedentes penales lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo. No obstante, la jueza admitió que no tuvo en cuenta dichos antecedes y que ponderó el derecho a la protesta. Por otro lado, Andrade permitió además que defensores no designados intervinieran en el proceso, lo que representaría una violación a las normas procesales al Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El descargo de la jueza

La jueza Andrade negó las acusaciones en su contra y aseguró que actuó de acuerdo a las garantías que establece la Constitución Nacional. “Los jueces y las juezas estamos sometidos a escrutinio público, por eso estoy dando mi voz. Pero lo que hice es lo que debía hacer como jueza, eso juré, cumplir la Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos. Me formé en las aulas de la UBA con los mejores maestros y maestras, y la mayor responsabilidad de un juez es que la Constitución Nacional que reposa en su escritorio permanezca inalterable ante los vientos políticos, eso es importante para mí”, sostuvo.

En este punto, señaló que las autoridades y fuerzas de seguridad no brindaron información correcta precisa respecto al proceso de detención, las condiciones de los detenidos ni el detalle sobre a qué dependencias serían trasladados los detenidos. «Nadie dice que los antecedentes no van a ser ponderados, el tema a decidir era cuándo. Si como jueza no puedo controlar la legalidad de la detención con datos mínimos, debo hacerla cesar y luego seguirá la investigación. Era una situación de urgencia, en un contexto de priorización de derechos”, concluyó.