En el marco de la causa que investiga la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, el fiscal federal Eduardo Taiano ordenó allanamientos en domicilios y oficinas de los principales implicados en el caso. La jueza María Servini autorizó los operativos, que se llevaron a cabo con extrema reserva el jueves por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires y en la localidad bonaerense de San Isidro.

Los procedimientos se realizaron en propiedades vinculadas a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento Tech Forum donde se presentó la criptomoneda, y a Sergio Morales, quien hasta ayer se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Durante los allanamientos, efectivos de la Policía Federal secuestraron celulares y computadoras de los investigados.

Nexos entre los implicados y el evento Tech Forum

Uno de los domicilios allanados fue el de Tech Forum SRL, consultora creada en agosto pasado por Novelli y Godoy con el objetivo de brindar asesoramiento en tecnología y criptomonedas. Novelli, además, es dueño de N&W Professional Traders, un instituto de capacitación en inversiones donde el presidente Javier Milei dio clases entre 2020 y 2021.

Morales, por su parte, presentó su renuncia indeclinable a la CNV tras quedar bajo la lupa de la Justicia. Su vínculo con el caso se debe a su sociedad con Terrones Godoy en la empresa City Entertainment SRL, dedicada a producción audiovisual y marketing digital. Además, fue uno de los oradores en el Tech Forum y trabajó brevemente en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei.

El avance de la causa y las figuras investigadas

La investigación apunta a establecer el rol de los implicados en la creación y lanzamiento de $LIBRA, un token que experimentó una súbita suba de cotización tras ser promocionado en redes sociales por el presidente Milei, para luego desplomarse en cuestión de horas. Se sospecha que un grupo reducido de inversores con información privilegiada retiró sus fondos antes del colapso, dejando un saldo de unos 40.000 damnificados.

Entre los investigados también figuran los empresarios Hayden Davis, de Estados Unidos, y Julian Peh, de Singapur, CEO de Kip Protocol, la plataforma que alojó el token. Las figuras penales en análisis incluyen abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

El fiscal Taiano ya había solicitado pedidos de informes al Banco Central, la CNV y la Inspección General de Justicia (IGJ), además de requerir colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para rastrear transacciones digitales y recuperar publicaciones eliminadas en redes sociales. Uno de los elementos clave en la investigación es el tuit publicado por Milei el 14 de febrero a las 19:01, donde promovía el token.

Además, Taiano avanza en la redacción de exhortos internacionales para obtener información sobre los movimientos financieros de la criptomoneda en plataformas extranjeras. En paralelo, solicitó el congelamiento de direcciones digitales que se vincularon a la operatoria de $LIBRA para evitar una posible desviación.

Disputa judicial por la competencia del caso

Mientras la causa principal se tramita en los Tribunales de Comodoro Py, en San Isidro se abrió otro expediente de $LIBRA a partir de una denuncia del dirigente peronista Juan Ricardo Mussa. Este caso incluye no solo a Milei, sino también a Karina Milei, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el diputado José Luis Espert y los empresarios implicados.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, determinó que tiene competencia sobre la causa, argumentando que el tuit de Milei fue publicado desde la Quinta de Olivos. Para respaldar su decisión, solicitó registros de seguridad de la Residencia Presidencial, confirmando que el presidente estuvo allí entre el 14 y el 17 de febrero.

Sin embargo, el fiscal Federico Iuspa se opuso a esta resolución, sosteniendo que la maniobra investigada es más amplia y que los hechos no pueden reducirse a la publicación del mensaje presidencial. Propuso que la causa se unifique en Comodoro Py, dado que las denuncias tienen el mismo objeto y abarcan a los mismos implicados. Si la disputa judicial persiste, la Cámara Federal de San Martín deberá definir la jurisdicción del caso. Si el fiscal no apela, la causa pasará a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.