La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y de otros 14 imputados en el caso que investiga el desvío de fondos públicos destinados a planes sociales. Este fallo, que rechazó las apelaciones presentadas por las defensas de los acusados, los deja al borde de un juicio oral. En su decisión, los jueces de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, señalaron que los acusados no pudieron demostrar la urgencia ni la imposibilidad de reparación en los agravios que plantearon, confirmando así el rechazo de los planteos de nulidad.

Este fallo se produce después de que la Cámara Federal en noviembre de 2024 también confirmara el procesamiento de los imputados y les imputara delitos como administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión. Según el tribunal, los acusados se aprovecharon de su posición de poder para exigir dinero a personas de escasos recursos a cambio de su inclusión en un programa social. Además, se les imputa haber condicionado la entrega de fondos a la participación en movilizaciones políticas organizadas por el Polo Obrero.

Amenazas y extorsión a beneficiarios de planes sociales

La causa comenzó el 20 de diciembre de 2023, cuando se denunciaron amenazas para que los beneficiarios de los planes sociales participaran en las movilizaciones a cambio de recibir los fondos. Según la justicia, estas amenazas se materializaban cuando los beneficiarios no cumplían con las exigencias de asistencia a las movilizaciones. Quienes no asistían a estas marchas se veían privados de los subsidios otorgados por el Estado.

El Polo Obrero, según la investigación, recibía fondos públicos que eran desviados con fines políticos, y a cambio, sus miembros exigían la participación en actos políticos como contrapartida para recibir los beneficios. Esta práctica fue calificada como extorsión y amenaza coactiva por parte de los jueces.

El contexto de la denuncia y las pruebas de lavado de dinero

El caso surgió a raíz de denuncias anónimas recibidas por el número habilitado por el Ministerio de Seguridad, y que rápidamente llegaron a los tribunales de Comodoro Py. Tras varias investigaciones, el fiscal Gerardo Pollicita se enfocó en las denuncias provenientes de la Capital Federal. Gracias a los testimonios de varios de los denunciantes, algunos de ellos bajo identidad reservada, se logró avanzar en la causa. Durante los allanamientos se hallaron facturas falsas y pruebas que sugerían el lavado de dinero.

Además de las amenazas a los beneficiarios de los planes sociales, el caso también se relaciona con la presunta exigencia de votar por los candidatos del Polo Obrero en las elecciones del 2023, una práctica que podría estar vinculada a un aprovechamiento del programa social con fines partidarios.

Arrepentidos y revelaciones sobre las extorsiones

El fallo de la Cámara Federal también menciona las declaraciones de los «arrepentidos», quienes confirmaron que la entrega de dinero no era voluntaria, sino que estaba condicionada a la participación en las movilizaciones. Los testimonios revelaron que se enviaban mensajes por WhatsApp con instrucciones detalladas sobre las marchas y la obligación de asistir. Estas revelaciones son claves en la investigación, ya que confirman que las movilizaciones no eran espontáneas ni voluntarias, sino una condición para acceder a los fondos públicos.

Uno de los imputados colaboró con la justicia y declaró sobre cómo se coordinaban las movilizaciones, detallando cómo Belliboni y otros líderes del Polo Obrero daban instrucciones sobre la organización de las protestas. En estos mensajes también se mencionaban las posibles consecuencias para quienes no asistieran a las movilizaciones, lo que refuerza la acusación de extorsión.

Un paso más cerca del juicio oral

Con la confirmación de los procesamientos, Belliboni y los otros acusados se acercan a enfrentar un juicio oral. La causa sigue avanzando con la intención de desentrañar la estructura de desvío de fondos públicos y extorsión en la que se vieron involucrados, y las implicaciones políticas que podrían derivarse de este escándalo.