Los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, presentaron el nuevo Régimen Penal Juvenil que el Gobierno enviará al Congreso. Este proyecto abarcará a adolescentes entre 13 y 18 años imputados por delitos.

La conferencia también contó con la presencia del viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio; el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.

Ejes principales del proyecto

La reforma está basada en cuatro aspectos principales:

  1. Modernización y adecuación de la legislación: actualizar la normativa acorde a los cambios sociales recientes, reconociendo la comprensión y participación de los jóvenes en la criminalidad de los actos.
  2. Desfasaje normativo con otros países de la región: la edad de imputabilidad en Argentina es mayor comparada con países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, donde es a los 14 años, y Brasil, donde es a los 12.
  3. Protección de los derechos de los adolescentes: basada en la Convención de los Derechos del Niño, la reforma establece que los adolescentes deben ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal.
  4. Ampliación de herramientas estatales: reducir la criminalidad juvenil en la sociedad mediante nuevas herramientas y medidas específicas.

Bullrich afirmó: «Nuestra sociedad no quiere impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia«. Por su parte, Cúneo Libarona expresó: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”.

Detalles del proyecto

El proyecto incluye diversas medidas y definiciones, tales como:

  • Privación de la libertad: en establecimientos especiales o secciones separadas de los penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.
  • Comunicación a los padres: de la imputación y demás actos procesales.
  • Protección a la víctima: el juez y el Ministerio Público Fiscal velarán por la tutela de los derechos de las víctimas.
  • Condenación condicional: aplicación de medidas complementarias como programas educativos, formación ciudadana y tratamiento médico o psicológico.
  • Penas alternativas: en ciertos casos, las penas podrán reemplazarse por prohibiciones, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, entre otras.
  • Control de cumplimiento: supervisado por el juez o el fiscal, y también por la víctima si así lo desea.
  • Máximo de penas: hasta 20 años, con posibilidad de medidas alternativas tras cumplir 2/3 de la condena.
  • Inimputabilidad: investigación y medidas en casos de menores no imputables.
  • Dilación del proceso: sanciones para jueces que dilaten injustificadamente el proceso.
  • Atención a víctimas: asistencia psicológica y patrocinio gratuito.
  • Criterio de oportunidad: posibilidad de prescindir de la acción penal en delitos menores.
  • Mediación penal: para delitos con penas previstas inferiores a seis años.
  • Probation: aplicable a penas no mayores de tres años.

Este proyecto se presenta como un intento del Gobierno por abordar de manera integral la problemática de la criminalidad juvenil, adaptándose a los estándares internacionales y regionales, y buscando un equilibrio entre la protección de los derechos de los jóvenes y la necesidad de justicia en la sociedad.