El Gobierno ha anunciado la presentación de un proyecto de ley destinado a regularizar la tenencia de armas de fuego. A la vez que simplificaría los trámites para que los usuarios puedan declararlas o solicitar su destrucción de forma anónima. La iniciativa propone un período de 360 días para tramitar la habilitación. Si no se obtiene en ese plazo, los dueños deberán deshacerse de las armas.

Adrián Marcenac, integrante de la Red Argentina para el Desarme, expresó su opinión sobre el proyecto. «Seguramente se aprobará de manera casi unánime, pero dentro de ese proyecto está camuflado otro que es un viejo reclamo. Desde 2008 venimos reclamando la regularización de las credenciales vencidas de los usuarios», comentó. En dicho año, casi el 25% de los usuarios tenía las credenciales vencidas; hoy es el 80%. «Ese es un problema que requería solución. Pero no apoyamos abiertamente este proyecto tal como se presenta porque tiene falencias graves y su redacción es muy simplificada«.

Marcenac criticó que el proyecto rompe el paradigma de reducir la circulación de armas y resolver los conflictos de manera pacífica. «Parece que lo importante son las armas y su regularización, pero aquí no se habla de buscar una disminución de la cantidad de armas circulantes».

Un posible cambio de paradigma

Luego enfatizó que las armas son instrumentos diseñados para matar: «Más allá del título que le pongamos, sea arma legal, ilegal, de mercado negro, gris o blanco, las armas fueron creadas para matar y cumplen esa función. Este proyecto tiene falencias graves«, sostuvo. «Primero, hay una amnistía generalizada por la tenencia de armas, según el artículo 3. Es decir, sin penalización por poseer un arma durante 360 días, prorrogables por otros 360 días. Esto significa que, por dos años, habrá un amparo legal para la tenencia de armas sin investigar su origen, incluso si fueron contrabandeadas o robadas».

«Nos parece grave que este proyecto blanquee y genere una amnistía generalizada a las agencias de seguridad, que no tienen excusa para estar fuera de la ley dado que se dedican a eso, aunque el Estado no cumpla con controlarlas», concluyó.