En el marco de las investigaciones realizadas y comenzadas por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, se llega a dos incógnitas. Primero, tras un allanamiento se detuvo a cuatro personas que integraban el último escalón para las operaciones de venta. Segundo, se estima que los imputados no están contando todo lo que saben. Todo está rodeado de dudas y de acusaciones políticas.

Fue el mismo ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, quien alertó de estas ventas al Gobernador, por lo cual comenzaron las averiguaciones bajo el lema de «caiga quien caiga». Se vendían módulos de productos alimentarios que eran destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad para así, mantener funcionando comedores y colonias de verano en esta temporada.

Según las fuentes, hay personas que comercializaban estos a través de redes sociales, ofreciendo por ejemplo un fardo de 20 paquetes de fideos a $12.000 y el fardo de yerba mate de 10 kilos a $8.500, que viene a ser el 50% menos de lo ofrecido comúnmente. Luego de oficializar la venta, quedaban en hacer la entrega en un lugar acordado y hasta recibían transferencias, lo que ahora puede facilitar llegar a los culpables.

Entre el fiscal Carlos Sale y su par Ignacio López Bustos, lograron realizar una serie de allanamientos en diferentes lugares de la capital provincial, donde secuestraron la mercadería y oficializaron el arresto a 4 personas, esto fue el comienzo de una serie de investigaciones que todavía no tiene fin y supone muchas otras variantes con el pasar de los días.

La manera de repartición establecida era que a aquellos que tenían en su cargo menos de la mitad de los 600.000 kilos que adquiere el estado mensualmente, se lo entregaba en un depósito de Lavalle 2.300, los demás debían buscar los alimentos de una empresa de transporte de Alderetes, luego se encargaban de confeccionar cada paquete con los víveres y distribuirlos.

En las investigaciones, se dieron a conocer demasiados detalles como por ejemplo que dicha empresa era la encargada de las entregas sin control estatal, del ministerio implicado solo recibían la lista de los beneficiarios, en el momento de la entrega, quien aparecía solo se identificaba en la nómina y retiraba los productos. La mayoría de los alimentos secuestrados estaban en fardos, lo que sirvió para orientar las sospechas a las personas que retiraron de la empresa firmante.

Además, se informó que en la lista hay 72 organizaciones sociales registradas, cuando por el contrario, en la provincia solo se lleva el conteo oficial de 24. En el transcurso, se denunció por otro lado, el robo de computadoras de Desarrollo Social, por lo que Masso ordenó una copia de la informaciónpara remitir a la Justicia.

En cuanto a los acusados, comenzaron a desplegar sus versiones para todos lados, a 3 de ellos un juez les dió 22 días de prisión preventiva, estamos hablando de Juan Juárez (27), A Adrián (37) y una mujer, Ivana Sánchez (33) quien cumple con la medida por medio de arresto domiciliario. Todos declararon que habían comprado la mercadería sin saber su origen para revenderla. El defensor, Gustavo Morales, explicó cómo fue la maniobra e implicó a la hija de Masso como responsable, además de anunciar un testigo clave para corroborar su versión, por lo que presentó y pidió entrevista para el vendedor de gaseosas en el estadio de Atlético. Sin embargo, el testimonio se catalogó como inconsistente y no logró incriminar a la joven.

Por otro lado, el sábado el personal uniformado realizó extensos allanamientos a lo largo de la capital, Bella Vista, Concepción y Aguilares. En un domicilio de Villa 9 de Julio, encontraron fardos de lentejas y puré de tomates, ante esto, quedó aprehendida Rosa Margarita Ibáñez (61), en el mismo domicilio se secuestró una camioneta que tenía pedido de captura.

La defensora de Sánchez explicó que la mujer no tenía nada que ver y que solo prestó su domicilio para guardar allí las cosas. A pesar de esto, el fiscal asumió que todo ronda en un tal «Marcos» y que si tendría algún tipo de vínculo con Margarita. También se cree que podría ser un puntero político de Villa 9 de Julio.