El Gobierno de Javier Milei habilitó la posibilidad de que beneficiarios de planes sociales obtengan un empleo formal sin perder el beneficio social. El mismo permitirá ingresos de hasta $1.077.403. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y modifica el régimen de asistencia social en el país. A partir de ahora, aquellos que reciben asistencia del Estado podrán buscar empleo sin temor a perder sus beneficios. 

De acuerdo al decreto, “se instituyó con alcance nacional y obligatorio el Régimen de Asignaciones Familiares para los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional». Incluye beneficiarios de la Ley de Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo; personas inscriptas y aportantes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), del Régimen de Pensiones No Contributivas por Invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; Asignación por Embarazo y Asignación Universal por Hijo. Así también, se estipula el “límite de ingresos establecido en el artículo 2° del Decreto N° 1668/12, el cual será equivalente al monto de PESOS UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES ($1.077.403)…”

Hasta ahora, la dinámica respecto a los planes sociales representaba un obstáculo para aquellas personas que deseaban acceder a un trabajo estable. Esto sucedía porque en ciertos casos el trabajo remunerado no era compatible con la adjudicación del beneficio social. El nuevo decreto busca eliminar esa barrera y fomentar la inserción laboral de un gran número de trabajadores. Desde el Ejecutivo, calificaron la medida como un «avance significativo» hacia la inclusión laboral y la independencia económica de aquellos que reciben asistencia estatal. “Es fundamental brindarles a los beneficiarios de planes sociales la oportunidad de integrarse al mercado laboral sin que esto signifique una pérdida de sus beneficios. Queremos promover la dignidad del trabajo y el desarrollo personal de cada individuo”, sostiene el Gobierno.

La iniciativa tendría un gran impacto en las economías regionales, especialmente en el sector agrícola. Se espera una demanda creciente de mano de obra para las próximas cosechas y podría significar un impulso considerable para la actividad económica. Por otro lado, al no penalizar el ingreso de hasta $1.077.043, se brinda un margen amplio para que las personas puedan encontrar oportunidades laborales acordes a sus capacidades y aspiraciones, sin tener que renunciar a la ayuda estatal que les permite cubrir sus necesidades básicas.