Osvaldo Jaldo firmó un decreto para reforzar la seguridad en las escuelas de Tucumán tras las amenazas de tiroteo detectadas en dos establecimientos de la capital. La medida establece nuevas reglas de prevención, control y sanción para actuar ante situaciones de violencia y garantizar el normal desarrollo de las clases.

La normativa, oficializada mediante el Decreto N.º 772/7 del Ministerio de Seguridad, ratifica las instrucciones a la Policía de Tucumán para intervenir de manera inmediata ante cualquier hecho de riesgo dentro o fuera de las instituciones educativas. El objetivo es prevenir episodios de violencia y dar una respuesta coordinada con la Justicia y el sistema educativo.

El decreto fija además la responsabilidad directa de autoridades y directivos de escuelas públicas y privadas en el cuidado de los alumnos. En caso de incumplimiento, se establece la posibilidad de aplicar sanciones que incluyen la quita de subsidios o aportes estatales a las instituciones.

En paralelo, el Ministerio de Educación quedó facultado para aplicar medidas disciplinarias más severas. Entre ellas, la expulsión del sistema educativo provincial durante el ciclo lectivo para estudiantes que incurran en conductas que pongan en riesgo la seguridad o el desarrollo normal de las clases.

La disposición también establece que los padres, tutores o responsables legales deberán responder en sede administrativa y judicial por las acciones de los menores, además de afrontar una eventual responsabilidad civil por los daños ocasionados.

Entre los puntos operativos, se incluye la activación inmediata de protocolos ante amenazas, la presencia preventiva de fuerzas de seguridad en los accesos a los establecimientos y la coordinación directa entre Educación, Seguridad y el Ministerio Público Fiscal para investigar los hechos.

Para los casos de mayor gravedad, el decreto prevé la posibilidad de trasladar a menores al Instituto de Rehabilitación Cura Brochero, en Benjamín Paz, siempre con intervención del Poder Judicial.

La decisión se tomó luego de los mensajes intimidatorios detectados en el Colegio San Francisco y el Instituto Guillermina, que motivaron la intervención policial y la aplicación de medidas preventivas. Mientras avanza la investigación para identificar a los responsables, las clases continúan con normalidad bajo controles reforzados.